Lunes, 22 Octubre 2012 20:15

Prensa bajo el microscopio

Escrito por  Pedro Paniagua Santamaría

 

 

El asunto de las cámaras ocultas es ciertamente un caso típico de confusión legal y  periodística. Ni en todos los países, ni todos los jueces dentro de un mismo país – el nuestro sin ir más lejos- han dictado siempre resoluciones en un sentido unívoco que permita a los profesionales saber a qué atenerse. Tampoco todos los medios coinciden en la valoración ética o deontológica de algunas de estas prácticas, entre las que cabría incluir también, no solo la toma de imágenes sin autorización, sino la ocultación de la condición de periodista, mediante la pura no declaración o mediante suplantación.

Diez años antes de la resolución del Tribunal Constitucional del 6 de febrero de 2012 en la que se prohibía el uso de cámaras ocultas con fines periodísticos, el juzgado nº 4 de primera instancia de Coslada condenó a la cadena privada Antena 3 y a la productora de televisión El Mundo a indemnizar  con 18.000 euros a una funcionaria de esa localidad que fue grabada mediante ese sistema. Las imágenes se emitieron en el programa Al descubierto y el motivo de la condena fue la violación del derecho a la intimidad. Quizá el quid de la cuestión en este caso, al menos para el juez que firmó la sentencia, es que la funcionaria afectada no era un personaje público, ni una persona con “notoriedad, relevancia o proyección alguna” (El País, 22.6.2012, página. 29)

Sentencias de este tipo son, en efecto, un atropello para la profesión, y en particular para el periodismo de investigación, como muy bien se ha encargado de resaltar la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, a través de su presidenta, Elsa González, en relación con el fallo reciente del Tribunal Constitucional. Hay temas que sería imposible tratar a cara descubierta. En el medio televisivo, además, sin el soporte visual hasta la más llamativa exclusiva carecería de valor mediático. Y no estamos hablando solo de investigación profunda, pues no falta quien mantiene, con razón, que periodismo de investigación es, o debería ser, todo el periodismo. Pero  bueno, disquisiciones aparte, así como la cámara oculta sirve legalmente –ya que en ese plano nos movemos- para detener al autor de un delito, pongamos por caso, aunque el sujeto no tenga relevancia pública, no vemos por qué no es aplicable el mismo criterio a la profesión periodística. La responsabilidad policial y la informativa no coinciden, por supuesto, pero ambas necesitan ese soporte documental que en los casos citados nos ha sido hurtado. Siento no tener a mano en este momento alguna sentencia en sentido contrario, pero creo que a nadie se le escapa que hay programas que han usado cámara oculta sin que hayan sido condenados.

Si nos fijamos en la suplantación de personalidad, o en la ocultación de la condición de periodista, vemos que con su prohibición no hubiera existido, por ejemplo, un Wallraff, por hablar de un caso paradigmático y clásico. Pero en esto, como decíamos, tampoco hay acuerdo ni siquiera entre los mismos medios. El País, por ejemplo, ha llegado a rechazar reportajes porque el autor no se identificó como periodista en el momento de realizar la investigación. Grijelmo en El estilo del periodista (pp. 69-71) nos ofrece un caso en el que un periodista se introdujo en casa de los Boyer-Preysler en Marbella haciéndose pasar por electricista y el diario rechazó el texto alegando que se había vulnerado la intimidad del matrimonio –éste sí, famoso- y a pesar de que el reportaje fue considerado por el propio Grijelmo, que en el momento del reportaje era directivo de ese periódico, como ejemplar en su género.

Este es un caso que he utilizado alguna vez en mis clases por lo siguiente: Unos años después (no tenemos la fecha exacta del reportaje de Marbella puesto que no se publicó, pero fue, en todo caso, antes de 1997, que es el año de la edición del libro de donde está sacado el ejemplo) el mismo diario publicó un texto a tres páginas bajo el título “Taxistas bajo el microscopio” (15.11.2009, suplemento Madrid, pp. 1-3). En él dos periodistas se hacían pasar por turistas extranjeras para comprobar los supuestos sablazos dados por el gremio, sobre todo en los trayectos desde el aeropuerto a la capital. ¿En qué quedamos? ¿Electricistas no, turistas sí? ¿Había cambiado el diario de criterio en el plazo, digamos, de 12-14 años?

No creo que se haya dado tal cambio y sí, si acaso, una mayor flexibilización a la hora de aplicar el criterio. De ser así habría sido una medida inteligente, pues en una época en que cualquiera toma fotos y vídeos a diario y los cuelga donde quiere, sin que los propios medios hagan nunca ascos a ningún documento así obtenido, no parece lógico que nos andemos con criterios rígidos a la hora de aplicar una deontología que nunca puede ser inmovilista. En esos 12-14 años lo que ha cambiado absolutamente es la sociedad y más aún la prensa. Lo que debe primar tanto antes como ahora es un sentido de la responsabilidad y de la honestidad y no tanto un legalismo miope y excesivo que solo nos puede llevar a perder la perspectiva, esto es, la realidad.

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