Y justo el texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM y publicado en el Boletín Oficial de la universidad el pasado 12 de enero, hace hincapié en estas últimas acciones, las más polémicas y controvertidas. Aunque ya existía la posibilidad, nunca tan desarrollada hasta ahora, la institución permite la entrada de“patrocinadores estratégicos” (art.41), a cambio de un millón de euros que podrán contratar profesores, investigadores o gestores en cualquier estamento universitario. Los “patrocinadores de honor” también podrán contratar investigadores, gestores... en cualquier institución universitaria (art. 4.2) y cátedras extraordinarias financiadas por empresas privadas, especialmente para docencia e investigación (art. 4.3). Según denuncia La Uni en la Calle, La Caverna o Puño y Letra, las empresas privadas podrán beneficiarse en exclusiva sobre Planes de Estudio, titulaciones, dirigir y plantear proyectos de investigación, obtener cátedras o patentes. Y todo ello, sirviéndose de los recursos públicos. Otra de las medidas que menos gusta a estos colectivos tiene que ver con la supervisión de estas decisiones. Quién va a formar parte de la comisión mixta que se encargue de velar por los acuerdos. Dos personas de la empresa patrocinadora y el rector y vicerrector. Recae en manos de muy pocas personas la responsabilidad de decidir sobre los recursos. Y ello se presta a la presión, lobbies y puede derivar en corrupción. Sin tener porqué pensar mal de los actuales responsables rectorales, las legislaciones una vez hechas perduran y muchos encuentras maneras de beneficiarse. Este texto es la entrada, mediante pago, de intereses privados en la práctica totalidad de la vida universitaria complutense, y brinda posibilidades al clientelismo y a los intereses particulares frente a los del bien común.

En palabras del profesor Fernando Ángel Moreno, en un artículo publicado en the Huff Post, www. http://www.huffingtonpost.es/fernando-angel-moreno/sevende-la-universidad-co_b_9009980.html: “Cualquiera que no conozca bien la universidad pública se preguntará qué hay de malo en ello, si se consigue un dinero extra y se fomenta una relación más dinámica con el sector privado. No obstante, quien entienda la complejidad del sistema universitario, sabrá que las consecuencias en la investigación -especialmente a medio y largo plazo, en todas las ramas del saber -, el conocimiento, la gestión interna, los contratos laborales... dependen de la buena voluntad del rector y de la empresa correspondientes, según el recorrido que se le quiera dar y la manera en que afecte a los propios presupuestos de la UCM. Alguien podrá creer que es una manera de ayudar a  las universidades públicas en momentos de crisis. Invito a plantearse a quien así lo piense qué medidas tomaría si quisiera realmente salvar la universidad. Desde luego, no permitiría que hubiera profesores con sueldos pagados por empresas privadas. Pero, incluso aceptando esta barbaridad, blindaría completamente la posibilidad de que una o dos personas tuvieran en sus manos todas las decisiones”, puntualiza.

El modelo anglosajón de financiación ni siquiera tiene estos beneficios tan directos para los mecenas. En el Reino Unido o Estados Unidos, como multimillonarios, políticos y famosos en general hacen donaciones supuestamente desinteresadas a los centros de enseñanza superior. A cambio obtienen reconocimiento social y prestigio. Las hermandades de alumnado, sirven para vincular de por vida a los estudiantes más brillantes con la universidad con el fin de obtener beneficios de sus posiciones influyentes en el futuro. Pero ni siquiera en eso se parecen a nuestro modelo universitario. Los centros de educación superior son muy competitivos, cierto, pero su funcionamiento es el de una empresa privada: priman la competitividad y la eficiencia. Carecen de contratos fijos o burocracia, sólo sirve la libre competencia y nadie tiene asegurado su trabajo. Y tienen equipamientos tecnológicos, técnicos y materiales estratosféricos. Y una realidad nada desdeñable, tienen criterios rigurosos de admisión dónde sólo caben los alumnos que pueden pagar o tienen un expediente excelente.

Las universidades públicas deben reforzar su relación con la sociedad civil, y deben plantearse captar fondos del sector privado, pero, llegado el caso, la condición indispensable es que la Complutense gestionara con autonomía, participación, transparencia, y con fines exclusivamente científicos, destinara esos patrocinios. Comisiones éticas independientes y que tomen decisiones, a modo de Consejo Económico y Social. La instauración de los valores, en cuestiones económicas, no se debe dejar orillada.

Estas decisiones no son sólo económicas, abundan en lo trazado en el Plan Bolonia o la Estrategia de educación 2015 hacia políticas neoliberales, instauradas por los mismos principios ideológicos que buscan poner parte del Estado de bienestar en la gestión de manos privadas. No será porque no nos lo advirtieron colectivos en contra las privatizaciones del servicios públicos.

David Álvarez Rivas