Este mismo año Intermón Oxfam (IO), una organización que trabaja el desarrollo en España y en el mundo, celebraba los 20 años del lanzamiento de La Realidad de la Ayuda, (www.realidadayuda.org). Desde ese primer número, el informe anual se convirtió en una magnífica herramienta de control ciudadano, ya que daba cifras y desmenuzaba con datos la cantidad y calidad que el Gobierno destinaba a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Dinero que sale de los y las contribuyentes gracias a su deseo expresado con una cruz en la declaración de la renta. Antes de que hubiera mecanismos de seguimiento de las políticas públicas de cooperación, la apuesta de entidades a favor del desarrollo estaba dirigida a canalizar esos recursos para conseguir la mejora de miles de personas que viven en situación de pobreza y sufren las consecuencias de las enormes desigualdades de este mundo. Entre otras cosas, porque es dinero de la ciudadanía española que no debe de ser distribuido de manera arbitraria, sino con transparencia.
La publicación ininterrumpida durante estas dos décadas de informes, estudios y publicaciones, es el caso del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, (IUDC), (www.iudc.es), han denunciado sin distinción de banderas partidistas, con una mirada rigurosa y exigente, aquellos incumplimientos o avances de los diferentes gobiernos, que no dejaban de reflejar el gran compromiso de nuestra sociedad. Compromiso que se expresó de manera rotunda en las movilizaciones de la ciudadanía de los años 90, con acampadas y hasta con una forma de presión sin precedentes: una huelga de hambre. Consideraron que había proporcionalidad entre la injusticia y el sufrimiento de millones de personas que viven en la extrema pobreza y una presión de este tenor.
Alguien podría pensar que tanto esfuerzo no está justificado cuando la cooperación se ha vaciado de recursos. España está hoy a la cola de los donantes, con apenas un 0’17 % de la RNB, del que más de la mitad son cuotas obligatorias a la UE, Bancos de Desarrollo y Agencias de Naciones Unidas. En el nivel autonómico solo el Gobierno Vasco y la Junta de Andalucía mantienen compromisos presupuestarios relevantes. En la segunda legislatura de Zapatero se llegó a destinar el 0’46 por ciento de la RNB a la ayuda al desarrollo. Hoy estamos en los mismos porcentajes que se aportaban en los años noventa, con una disminución de casi un 70% en los últimos cinco años. Pero en estas dos décadas, millones de vidas han sido rescatadas de crisis humanitarias por la acción de gobiernos y de las ONGD con capacidad operativa, combinando recursos públicos con las generosas aportaciones privadas.
Los cientos de programas puestos en marcha por ONGD o las agencias internacionales, han servido para fortalecer políticas públicas cruciales como la educación o la sanidad, afianzar instituciones, abrir espacios para la sociedad civil, defender derechos esenciales y apoyar iniciativas innovadoras en la generación de ingresos. La piel y el corazón de muchas personas se han ofrecido a la cooperación al desarrollo como una política imprescindible y de justicia.
Por supuesto, los últimos recortes se han amparado en el déficit, que se ceba siempre contra los mismos, usando un discurso que enfrenta a la gente pobre de aquí con la de allí, cuando poco parecen importarle a las administraciones ni una ni otra. Una sociedad informada es una sociedad crítica que puede exigir cambios hacia pactos de Estado contra la pobreza y las desigualdades. No toda la cooperación es buena, ni es la única manera de defender valores de dignidad humana y de los derechos de las personas, pero nos empobrecemos como país si le damos la espalda a la pobreza extrema y la encrucijada que como humanidad deberíamos priorizar con nuestros mejores recursos humanos y financieros.
El próximo domingo y sin duda en el mes que se convoquen las elecciones generales, es una gran oportunidad para escrutar los programas y los compromisos de los partidos en una sociedad global más justa.