El estudio, presentado el pasado mes de marzo por la Coalición de creadores e industrias de contenidos y la Liga de fútbol profesional (LaLiga), pone de relieve una situación que no ha mejorado respecto al año anterior. Así lo constata su directora, Carlota Navarrete, que apunta a la falta de contundencia a la hora de aplicar la legislación como uno de los mayores problemas. “La legislación es mejorable, pero el principal problema es que no se aplique con rigor, a pesar de que las leyes están para aplicarlas y las autoridades para asegurarse de que se cumplan”, afirma.

José Manuel Tourné, Director General de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), también hace autocrítica al respecto: “Probablemente no hemos sabido encontrar el mensaje adecuado y, por otro lado, se han realizado campañas en sentido contrario con un mensaje que resultó siempre más fácil: ‘Bájate lo que quieres que son 20 Megas...’".

Por otra parte, Cristina Fuertes, profesora de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que, junto con la legislación, es necesario concienciar más a la sociedad al respecto, valorando “el esfuerzo de los propietarios intelectuales, la necesidad de pagar un precio por el acceso y concienciar del peligro de extinción de nuevas aportaciones intelectuales”. “No creo que puedan darse leyes más restrictivas”, sentencia.

De hecho, el propio estudio pone de manifiesto el poco éxito de estas campañas de concienciación sobre la ciudadanía. Según sus datos, solo un 26,9% de los consumidores encuestados en 2015 recordaba una campaña de piratería, frente al alto porcentaje de otras causas sociales como la violencia de género (74,7%) o de prevención de accidentes de tráfico (64,1%). Las campañas de piratería en el fútbol son las últimas en el ranking de notoriedad, con tan solo un 8,4%.

Graves consecuencias económicas y laborales

La Coalición de creadores hace énfasis sobre los datos económicos y laborales en un escenario sin piratería. Según los datos del estudio, esto supondría el incremento de un 48% en la facturación de las industrias de contenido. Además, mediante el pago del IVA, el IRPF y la Seguridad Social de los trabajadores, se habrían podido recaudar 547 millones de euros de dinero público en 2015 de no existir contenidos ilegales.

Esta situación tiene repercusión directa sobre el empleo. Actualmente, esta industria emplea a 58.557 trabajadores directos en España. A raíz de los datos recogidos por el Observatorio, la ausencia de piratería permitiría la creación de un total de 21.559 empleos directos nuevos, junto con más de 100.000 puestos de trabajo indirectos (por cada empleo directo se crean 5 indirectos).

Luchar contra la piratería sin perjudicar al usuario

Tanto la Coalición de Creadores de Contenido como la FAP coinciden tanto en la imposibilidad de un país sin piratería, como en no poner barreras al usuario. “Las medidas contra los usuarios tienen un gran rechazo en nuestro país y no serían eficaces a menos que se realizara una campaña previa de concienciación. La industria quiere perseguir a quien monta un negocio para lucrarse del esfuerzo ajeno, pero nunca ha querido sancionar a los usuarios”, sostiene José Manuel Tourné.

De hecho, para Carlota Navarrete, acabar definitivamente con la piratería socavaría la libertad de los usuarios: “Un escenario sin ninguna piratería es una utopía en una sociedad democrática, porque erradicar por completo el fraude de contenidos exigiría un control de Internet como el que pretenden ejercer algunos países totalitarios, y nadie quiere eso, ni los consumidores ni los creadores.”

Teniendo en cuenta esto, el objetivo para las asociaciones de creadores es reducir la piratería lo máximo posible, valiéndose de un mayor esfuerzo de concienciación por parte de la Administración y de una mayor contundencia judicial.

Para ello, Carlota Navarrete propone tres líneas de acción concretas para acabar con el problema: “promover la oferta legal (para desincentivar el consumo de contenidos pirateados), informar a los consumidores (para concienciar de la importancia de la propiedad intelectual) y aplicar la ley (para proteger a industria y consumidores de quienes se enriquecen mediante el fraude)”, concluye.

En definitiva, y para poder seguir disfrutando de contenidos de calidad, creadores, consumidores y legisladores deben poner de su parte para apaciguar una cuestión que no ha mejorado en España en los últimos años.