Antonio Cascón, Decano de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), señala a la pérdida de financiación como uno de los principales problemas a resolver por parte de los candidatos de las próximas elecciones, sugiriendo alternativas al sistema actual.

Este comenta que la crisis económica trajo consigo la necesidad de un sistema de financiación adaptado a la situación monetaria de España. Ante la dificultad a la hora de instaurar modelos como el nórdico o el norteamericano, numerosas personalidades universitarias coinciden en afirmar que una subida de las tasas a costa de un mejor sistema de ayudas sería el método más eficaz.

Según datos oficiales del Ministerio, la realidad es distinta, y es que el planteamiento solo se ha cumplido en parte: las tasas han subido, pero las becas han disminuido, así lo constata Mónica Caballero, alumna de la Universidad Complutense de Madrid que milita en el Sindicato de Estudiantes: “No solamente ha habido gente que ha tenido que abandonar la carrera por no poder pagar sus estudios, sino que cada vez hay más personas que ni se plantean llegar a la universidad, porque saben que sus familias no podrían asumir ese coste”.

Por otro lado, para Antonio Cascón, este nuevo sistema de financiación debe garantizar, sobre todo, que la universidad pública tenga autonomía e independencia. También propone como posible solución alternativa la autofinanciación, mediante la generación de recursos propios o el apoyo desinteresado del sector privado.

“Si dependes de gobiernos, como el que ha regido la Comunidad Autónoma de Madrid en los últimos años, pues realmente estás en una situación peligrosa, como nos ha ocurrido. Hemos tenido que soportar una serie de normas y de leyes que han hecho mucho daño a la universidad pública”, asegura.

La ley LOMCE en el centro del debate universitario

Desde que el ex ministro de Educación, Deportes y Cultura, José Ignacio Wert, la anunciara hace casi tres años, la ley LOMCE ha sido objeto de múltiples críticas por parte del sector educativo, provocando tanto el rechazo unánime de toda la oposición parlamentaria como numerosas huelgas de estudiantes.

Julio Serrano, secretario de Acción Sindical, Universidades e Investigación y Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, expone el doble efecto negativo que tendrá esta ley, tanto para la enseñanza universitaria como para los estudiantes, haciendo especial énfasis en la ruptura del distrito único.

“La derogación del distrito único puede acarrear una importante desigualdad social, económica y geográfica a la hora de acceder a los estudios universitarios. Un estudiante, teniendo o no clara su vocación, tendría que examinarse en varias universidades para asegurar su ingreso en alguna de ellas”, argumenta.

Desde el Sindicato de Estudiantes, la oposición hacia esta medida legislativa es aún mayor: “La LOMCE es una ley franquista, basada en los mismos aspectos en que se basaba la educación en el franquismo: la recuperación de la religión en las aulas o las reválidas, que solo imponen barreras a los estudiantes”, expone Mónica Caballero.

Desde otra perspectiva, el presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz Durán, remarca la necesidad de un Pacto de Estado por la Educación y la Investigación: “Este tipo de normas (la LOMCE) debe contar con el mayor respaldo y tienen que elaborarse desde el mayor consenso y diálogo posible, y en un marco de estabilidad legislativa”.

Con un largo camino por delante

En general, y atendiendo a los años precedentes, existe unanimidad en torno al buen estado de la universidad pública española en la actualidad. Datos como la escasa presencia en los rankings internacionales, con solo una universidad entre las 150 mejores del mundo o los elevados niveles de endogamia académica, no son aspectos que afecten a la calidad de la enseñanza universitaria.

Sin embargo, hay cuestiones que deben ser solucionadas o mejoradas en los próximos años. Antonio Cascón concluye que todo esto depende de los cambios que esté dispuesto a emprender el Gobierno: “Hay algunos aspectos que han cambiado, como el profesorado, que ha mejorado exponencialmente, y que es digno de elogio su trabajo. Pero creo que hay que mejorar muchas cosas que se han quedado muy anquilosadas”.

Para Julio Serrano, el futuro solo puede ser positivo si se producen cambios en multitud de niveles: derogando la LOU y otros reales decretos de la pasada legislatura, cambiando el sistema de precios públicos y de becas, o recuperando el distrito único y el empleo perdido en el sistema universitario público.

Más optimista se muestra Segundo Píriz, que afirma estar convencido de que “el futuro es positivo, las grandes fuerzas políticas hablan siempre del papel central de la educación y de la universidad para el desarrollo de nuestro país, y es algo que nuestros ciudadanos demandan cada vez más”. Dicho optimismo solo se cumplirá si se toman las medidas adecuadas, permitiendo tener a los estudiantes españoles una educación pública de calidad y gratuita para todos, tal y como señala la Constitución.

Con todo, sindicatos, rectores y docentes coinciden en afirmar que la universidad pública ha “sobrevivido” notablemente a este período histórico. A pesar de que, según diversas autoridades universitarias, existan múltiples aspectos sobre los que trabajar, como es el caso de las becas o de un nuevo sistema de financiación, el sistema universitario público español, dentro de su complejidad territorial y organizativa, no corre peligro.