El pasado lunes 9 de febrero, un hombre mató a golpes a otro por grabar a su hija menor. Al parecer, Devinder Singh, de 40 años, cenaba tranquilamente con su familia en un conocido restaurante de Cádiz. En otra mesa estaba Sandro Rottman, de 43 años y con antecedentes por posesión de pornografía infantil. Singh se percató de que Rottman estaba grabando con un iPad a su mujer y a su hija, menor de edad. Tras varios avisos, Singh se levantó, le arrebató el aparato electrónico y, tras comprobar que había vídeos de su mujer y su hija, le golpeó causándole la muerte.
Otro caso. El pasado 16 de febrero fue detenido en un locutorio de Málaga el líder de una red pedófila que convencía a niños para enviar fotos desnudos. Por lo general, el arrestado creaba falsos perfiles en las redes sociales haciéndose pasar por niñas de entre 10 y 12 años, para buscar, en palabras de un miembro de la Policía Nacional, “niños de esa misma edad”. A través de un supuesto concurso de enseñar las nalgas por Skype, el detenido –que ya había sido arrestado por el mismo motivo en cinco ocasiones– conseguía imágenes de menores con las que luego traficaba. El caso ha tardado un año y medio en resolverse y hay, además, otros cinco detenidos.
Pero no sólo se dan casos de posesión de imágenes de menores. El pasado viernes, 19 de febrero, se revelaban las pruebas de un incidente que ocurrió en el año 2010 en California: un conductor de autobús escolar agredía sexualmente a una menor de seis años de edad con autismo. En dos de las duras imágenes reveladas por los familiares de la presunta víctima, se puede ver al conductor sobre la menor en el asiento trasero del autobús, y, en otra, al conductor besando y tocando inapropiadamente a la niña.
Meses después de los supuestos abusos, la menor se quejaba de dolores constantes en la entrepierna. Esto ocasionó que la madre se dirigiese al Distrito Escolar Unificado de Woodland, California, y denunciase el caso. Además, la madre reclamó ver el vídeo de seguridad del autobús, pero su petición fue denegada. Nunca se interpusieron cargos criminales en contra de Richard Allen, el agresor, porque la menor no podía comunicarse debido a su autismo.
Y después de leer estos ejemplos, uno tiembla. Porque día tras día se ven espeluznantes casos como el del cura Román o el pederasta de Ciudad Lineal. Casos en los que los menores son abusados, ya sea físicamente o a través de posesión y difusión de imágenes. De hecho, sólo en la última semana del pasado mes de enero, en España se desarticularon, al menos, cuatro redes de posesión de pornografía infantil.
Myriam Ribes es ginecóloga y sexóloga (http://ginesexologia.com/). Actualmente, trabaja en Menorca, pero también ha ejercido en Barcelona y Girona. Al preguntarle sobre los abusos a menores, su respuesta es clara: “han sido y son una lacra de la humanidad”. Opina que poco a poco, “empiezan a visibilizarse, pero desgraciadamente no disminuyen”. Confiesa que en su experiencia profesional como sexóloga en clínica privada, “nunca me ha solicitado ayuda un abusador. En cambio, un porcentaje muy alto de personas que trato por disfunción sexual me ha confesado antecedentes de abusos en la infancia”.
Si el tema de por si es escalofriante, todavía lo es más escuchar estas palabras de M. Ribes y, sobre todo, su rotunda confesión final: “sabemos que al menos uno de cada cinco menores (y aún más en niñas) han sufrido abusos en su vida, muchas veces repetidos, y en la esfera familiar. Eso es terrible, indignante y desgarrador. Y absolutamente cierto, doy fe”.
Ante esto, Paula Murillo, psicóloga especialista en Psicología clínica (http://www.psico-lifid.com/) explica la otra cara de la moneda: el problema de aquellos que padecen problemáticas sexuales. Afirma que “las principales motivaciones de los agresores –las más difíciles de entender por la sociedad– vienen dadas por un componente psicopático, por experiencias previas de abuso en la infancia que empuja a un desarrollo distorsionado en la construcción y en la forma de relacionarse, o por un problema de control de impulsos”.
El tribunal supremo endurece las penas
A raíz de todos los casos sucedidos en los últimos meses, el Tribunal Supremo tomó medidas. Esto lo demuestra el hecho de que a finales del pasado mes de enero, dobló la pena de cárcel impuesta a un hombre acusado de posesión y distribución de pornografía infantil.
Esta sentencia supuso una nueva doctrina para esos casos, pues la pena ya no solo se aplica a los que produzcan dicho material, como se había hecho hasta el momento, sino que también incluye a todos aquellos que posean o distribuyan material pornográfico. Además, si anteriormente el Código Penal preveía penas de entre uno y cinco años en los casos de poseer o distribuir pornografía infantil, con la nueva doctrina la pena se eleva a entre cinco y nueve años.
Apostar por la “prevención primaria”
Los casos de abusos a menores repulsan a la sociedad. Sin embargo, no todos los pedófilos los cometen –lo que los convertiría, además, en pederastas. De hecho, muchos quieren dejar de hacerlo. Por ello, algunas comunidades científicas están apostando por lo que denominan “prevención primaria”; es decir, ofrecer terapia gratuita para evitar que los pedófilos cometan abusos, ayudando al atacante a controlar o eliminar su problema sexual.
Alemania o Canadá son buen ejemplo de lo anterior: hay clínicas dónde acuden personas para prevenir estos sucesos. Pero en España, ni rastro. Tal y como afirma Paula Murillo, “por desgracia, no conozco ningún caso en el que alguien voluntariamente acuda al psicólogo para tratarse de este problema, que no sea por derivación del especialista o desde los juzgados”. Y añade: “como mucho, casos donde hay algún tipo de disfunción sexual que aparentemente no tiene ninguna relación con ello, pero que, durante el desarrollo de la terapia, salen a la luz fantasías relacionadas con este tema”.
Con respecto a la terapia psicológica en los abusadores, la sexóloga y ginecóloga Myriam Ribes opina que “a día de hoy no hay aún una evidencia clara de que elimine el problema, aunque haya indicios de que pueda conseguir reducir la cantidad de abusos”. Sin embargo, confirma la tesis de que en España, ni rastro, cuando afirma “desgraciadamente quién solicita terapia no suele ser alguien que crea ser pedófilo, sino aquél que ya ha abusado y ha hecho daño; y, sobre todo, los que ya vienen del ámbito criminal y legal”. Por lo que concluye que “no es una prevención primaria (ojalá) sino una secundaria y, de momento, sin una evidencia clara de éxito”.
La pedofilia ha sido poco tratada y consentida durante muchos años. En opinión de Ribes, “es muy importante destinar recursos a este tema”, pero “lo primero es garantizar la asistencia a las víctimas: proteger a la infancia, ayudar a los abusadores y fomentar lo que ha demostrado más eficacia: Prevención Primaria dirigida a los niños, a sus padres y educadores y a la sociedad”.
Y esto último lo recalca P. Murillo, cuando afirma que “actualmente los trabajos de prevención van enfocados a la enseñanza del “buen trato” a los niños: a reconocerles como seres con derechos, conocer su desarrollo evolutivo, trabajar la empatía, reconocer las dificultades de relación y favorecer espacios de comunicación o tener presente la sexualidad como un intercambio de afecto y encuentro placentero para los que lo realizan, y no solo el acto sexual […] Y como se puede ver, no es necesario pasar por la cárcel para poder participar en este tipo de programas”.