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Jueves, 06 Marzo 2014 00:24

Oposición total a la reforma de la Justicia Universal del Partido Popular

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Grupos parlamentarios de la oposición, junto a miembros de Amnistía Internacional, de organizaciones no gubernamentales, juristas, periodistas y víctimas denuncian la reforma de la justicia universal que está llevando a cabo el Partido Popular en un acto que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.

La representante del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez Ramos afirmó que el Partido Popular ha realizado “un verdadero atropello legislativo”, ya que considera que no es una reforma de la justicia universal, sino la eliminación de la jurisdicción internacional en España a la que su partido se opone firmemente. Alegó que esta proposición “responde a presiones que el Gobierno está recibiendo por parte de otros estados” para que de forma inminente se cierren, se sobresean procedimientos que están abiertos y en curso en los juzgados españoles.

Los crímenes, genocidios o torturas que se produzcan a un español en muchas situaciones quedarían fuera del ámbito de actuación del gobierno con los requisitos que se piden en esta reforma. “Si esto es lo que se publica en el BOE el grupo parlamentario socialista presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley”, concluyó la portavoz del PSOE.

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Plural, aseguró que esta ley demuestra la degradación del Estado de derecho. Denunció la “sumisión” de los derechos humanos a los intereses comerciales, al igual que la “actitud sumisa más propia de un Gobierno de administración colonial que de un gobierno con autonomía y con voluntad de representar a sus votantes”, y añadió su esperanza en la derogación de la reforma.

CIU consideró que poner más requisitos es poner más límites. “Algunas agresiones de los derechos humanos pueden quedar impunes”, añadió. Por su parte, UPyD manifestó que se opone a la reforma, pero con la realidad de que se encuentran con la limitación de la mayoría absoluta del gobierno.

La fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado García, también mostró su descontento: “Es muy difícil transmitir desde la justicia esta sinrazón, de algo que no tiene sentido”. Explicó que los casos abiertos en la actualidad de justicia universal son una docena y que no suponen ninguna distorsión a la Audiencia Nacional. “No es un trabajo que nos haga dejar otros trabajos”, resaltó Delgado, quien pidió a las víctimas que sigan “empujando” como hasta ahora para que no quede ningún caso en el aire.

Al acto también asistió Olga Rodríguez, periodista y escritora, superviviente del ataque estadounidense en Bagdad contra la prensa que se encontraban en el Hotel Palestina y testigo de la muerte del cámara José Couso. “El caso Couso es el caso de la defensa de la libertad de información”, declaró Olga. Y como otros de sus compañeros recalcó la importancia de la persistencia de las víctimas, de los jueces y abogados que han conseguido sentar en el banquillo a muchos acusados de crímenes de guerra.

En su intervención remarcó que con esta ley cualquier persona que sufra un crimen de guerra, secuestro o ataque de cualquier estado “verá como su propio país le niega su defensa”.

Amnistía Internacional constató que con esta reforma España da un paso atrás, ya que el 68% de los estados tienen y piden capacidad para poder actuar en temas de justicia universal. También mostró su apoyo a los afectados: “no nos vamos a rendir como nunca lo han hecho las víctimas”.

Los afectados, a pesar de su descontento, confían en que la oposición derogue la reforma del Partido Popular. Entre las víctimas se encontraba el monje tibetano Thubten Wangchen como representante de 6 millones de tibetanos que sufren presiones y torturas por las invasiones de China. Con su caso actualmente en trámite, piensa que “España está cambiando derechos humanos por dinero” por presiones chinas y pidió que se lleve su causa al Tribunal Constitucional.

Javier Couso, hermano de José Couso tildó esta reforma de “retroceso absoluto” en términos de derecho, ya que el caso de su hermano es el único abierto en todo el mundo contra militares estadounidenses, del que ya han pasado 10 años. Su familia se ha sentido abandonada por sus gobiernos, y dejó claro que “su lucha es por los derechos humanos, no partidista”, piensan llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no les hacen caso.

Como representación de los crímenes africanos cometidos en el Sahara, acudió al acto la víctima saharaui Mahmud Daf Buyemaa. Miembros de su familia fueron secuestrados hace casi 40 años y según manifestó, solo ha recibido “mentiras y engaños” sobre la ubicación de sus familiares por parte de los gobiernos. Finalmente aparecieron los restos mortales en una fosa en el territorio saharaui y con pasaportes españoles. “No podemos permitir que los derechos humanos se borren”, reclamó Daf Buyemaa, pidiendo que se asuman responsabilidades por parte del gobierno español.

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