Esta modificación preveía que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio lo puedan hacer hasta tres veces al año y que, por primera vez, el ciudadano asuma las tasas que antes sólo pagaban las “personas jurídicas” (determinadas empresas). Asimismo, se afirmaba que este cambio de Ley no influirá en la vía penal, que seguirá sin tener tope de utilización y que las familias con ingresos medios anuales por debajo de los 14.910 euros están excluidas de la reforma, quienes continuarán recibiendo asistencia jurídica gratuita. 

La Comisión de Justicia aprobó dicha norma después de que el Partido Popular consiguiese, por mayoría absoluta, refutar las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Algunas fuentes han confirmado a Europa Press que lo que se intenta es “evitar discriminar a los funcionarios públicos respecto a los trabajadores en el orden social que, en ningún caso, pagan la tasa”, pues el objetivo de esta nueva ley es recaudar unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164 millones obtenidos en 2011.

Ahora bien, la oposición también se ha manifestado y ha exigido por unanimidad en la Comisión de Justicia una rebaja general de las cuantías y que se libere el Orden Social de las tasas. Critican, sobre todo, la rapidez del proceso y acusan al ministro de tener “afán recaudatorio” y de querer imponer una “justicia para adinerados”.

Pero no ha sido solo eso. Desde algunos medios de comunicación acusaban a la nueva Ley de Ruiz-Gallardón de poder vulnerar el Artículo 24 de la Constitución Española, donde se recoge que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e interés legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

Ante estas acusaciones, y teniendo en cuenta que la Plataforma ciudadana por una justicia de todos comparó esta subida de tasas con “una regresión a una Ley preconstitucional de 1959”, la diputada del Partido Popular, Beatriz Escuder, mostró su “perplejidad” ante la “teatralización exhibida por la oposición”.

Ante las declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba de que el Gobierno quiere “implantar otro copago”, Gallardón ha contestado que “no hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue más con los prefijos. Llamémoslo como lo que es, pago por la justicia gratuita.”.

Entre las subidas más sobresalientes se encuentran los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-administrativo -que se incrementan en unos  500 euros- y en la casación de esos mismos órdenes –que pasan de 600 a 1.200 euros. También se ha constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas de tráfico. Por ello, en el borrador que redactó el Ministerio de Justicia para modificar la citada norma, incluyó una serie de medidas que limitaban el uso de este servicio aplicando la presunción de abuso para todas las solicitudes que excedan de tres años.