La policía acordonó el edificio y zonas de Metropolitano y Ciudad Universitaria, ubicaciones colindantes al Colegio Mayor. Estos cortes se prolongaron durante el mismo día 18 y parte de los días siguientes. Algunos de los desalojados afectados estuvieron presentes frente al edificio durante toda la jornada, a la espera de que les dejaran recuperar todas sus pertenencias que aún se encontraban dentro. Ya que, como algunos denunciaban, no les habían dejado salir más que "con una mochila". Además, se mostraban indignados por el anuncio por parte de la policía de no permitir acceder a nadie hasta el próximo viernes de esta misma semana para recuperar sus enseres.
Una de las desocupadas, Lucía, declara que se despertó cerca de las seis de la mañana dado el "jaleo de helicópteros y ruido que hacía la policía dentro del edificio". Narra que, durante el suceso, tuvo cierto "sobresalto" y que los agentes "tumbaron mi puerta abajo". A su vez comenta que "entraron con agresividad y gritando", y que los agentes amenazaban con pegar un tiro a los perros si no los ataban. "Nos han sacado de casa sin explicaciones y nos han tenido tumbados bocabajo durante bastante tiempo" sentencia.
El "Johnny" llevaba okupado desde junio del pasado año, y progresivamente fue acogiendo a un grupo más numeroso de habitantes. En los últimos meses se habían recibido quejas de algunos alumnos residentes en Colegios Mayores cercanos, e incluso ciertas denuncias que atribuían la presencia de grupos radicales y traficantes dentro del edificio. Sobre esta afirmación, algunos de los habitantes desalojados exponen que nunca se vieron involucrados en problemas y que la convivencia era buena porque "eramos todos amigos o conocidos".
Las autoridades consideran que el edificio se encontraba deteriorado como consecuencia de la presencia de los okupas. Desde la Complutense, exponen que “no se trataba de un movimiento de okupación al uso” y que albergaba “a unos inquilinos muy heterogéneos sin organización concreta”. Además, manifiestan que al inicio de la okupación algunos de los participantes pusieron sobre aviso a la Universidad, al estimar que la situación se había “descontrolado”.
Uno de los simpatizantes con la okupación del “Johnny”, David, opina a este respecto que el proyecto “tenía mucho potencial”. Manifiesta que en ciertos aspectos sí que se podría haber llevado a cabo un “buen proyecto de autogestión”, pero el problema radicaba en que “el edificio es demasiado grande, había demasiada gente, yendo cada uno a su rollo. Algunos de los que conozco que vivían aquí se marcharon al prever todos estos problemas”, asegura.
El desalojo del Colegio Mayor okupado fue ejecutado por orden judicial y coordinado desde el Gobierno central. Tras el mismo la delegada del Gobierno y el jefe superior de Policía de Madrid comunicaron que no se produjeron incidentes destacables. Desde el PP han atacado al gobierno de Ahora Madrid, al apelar a la permisividad con que la alcaldesa ha actuado frente a esta situación. Desde el ejecutivo de Manuela Carmena han explicado que el Ayuntamiento no ha impulsado la operación, esperando que no se hubiera utilizado la violencia para llevarla a cabo.
Recuperar el “Johnny” como referente cultural
El Colegio Mayor San Juan Evangelista, ha sido un lugar de referencia artística y cultural. Entre los muros de su salón de actos resonaron los acordes de artistas de la talla de Camarón, Paco de Lucía o Chet Baker, entre otros.
Julio Contreras Rodriguez, Vicerrector de Estudiantes de la UCM, arguye que el “Johnny no es un Colegio Mayor más y que es un símbolo cultural que está por “encima de la propia Universidad Complutense”. Por lo que “el valor cultural ha de primar en el nuevo proyecto que se lleve a cabo”. Sostiene a su vez que se debe recuperar el papel proactivo y dinamizador de la vida cultural que tuvo en su momento.
Laberinto burocrático y judicial
De forma previa a la okupación del edificio, el “Johnny” estaba controlado por Unicaja, a través de una concesión de 25 años, para su utilización y aprovechamiento. Pero el pasado año decidió abandonarlo de forma unilateral, sin acometer además una serie de reformas necesarias dada la antigüedad de la edificación. A partir de este momento la Complutense decidió judicializar el caso, siendo el desalojo una de sus consecuencias directas. Asimismo, la Universidad también ha logrado el dominio del edificio de forma cautelar por orden judicial.
Contreras argumenta que quieren lograr la posesión total del edificio a través de una decisión judicial definitiva, y denunciar por daños y perjuicios a “quien ha provocado esta coyuntura”. Por delante se presenta una situación burocrática y judicial enrevesada para lograr consumar el objetivo de la recuperación del “Johnny”. Ya que, de forma previa es necesaria una evaluación de los posibles daños del edificio a través de un peritaje, para así “tener un dato concreto de cuánto costaría rehabilitarlo” e iniciar la búsqueda de una nueva concesión pública y/o privada. Matiza además que “la firme voluntad de la Complutense es que esta situación se ataje cuanto antes, pero hay un recorrido judicial, el problema de la concesión y un edificio en mal estado” variables que provocan que sea incierto el momento de su resolución.