La operación Calderón ha sufrido bastantes cambios desde que se ideó, debidos casi todos a las paralizaciones que  la justicia ha ordenado por incumplimiento de la normativa urbanística. La Ley del Suelo, aprobada en 2007, limita a tres las alturas de los edificios que se construyan en la ciudad. Sin embargo, esta ley ha sido modificada en numerosas ocasiones por el Partido Popular, con el fin de posibilitar el desarrollo de este proyecto.

En noviembre de 2014 se aprobó la última de las reformas de este proyecto, el llamado “Plan Parcial de Reforma Interior del Ámbito Mahou-Calderón”, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  ordenó en octubre la paralización cautelar de este proyecto, como ya hizo anteriormente en 2012.

Las asociaciones vecinales del distrito y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) llevan años denunciando la Operación Calderón y hoy en día continúan luchando por paralizarla. Alegan que el único objetivo del proyecto es favorecer a las empresas privadas implicadas en la operación: la constructora FCC, Mahou S.A. y el Atlético de Madrid. Además, los vecinos se quejan de que ese gasto público que supondría el proyecto en sí y el soterramiento de la M-30 (en esa zona la carretera no está soterrada), no se invierta en servicios públicos necesarios.

Muchos de los vecinos continúan oponiéndose al plan

La Asociación de Vecinos Pasillo Verde – Imperial es principalmente el colectivo que lleva a cabo esta lucha contra la operación Mahou-Calderón. Su presidente, Pelayo Gutiérrez, ha contado el papel que juega la ciudadanía ante esta situación.

Para empezar, Pelayo alude a los déficits de la zona: “En nuestro barrio tenemos muchas carencias, somos muchos vecinos y faltan bibliotecas, centros para mayores...”, afirma. “Tenemos solo un instituto y está abarrotado, el Gran Capitán, y hay un colegio que también hay que ampliar”.

Refiriéndose a los inconvenientes de la operación, comenta que “puede haber un problema de saturación y de aprovechamiento económico, en una zona que tendría que destinar una parte del dinero a infraestructuras sociales”. La Asociación de Vecinos Pasillo Verde no se niega a que se urbanice la zona y se construyan viviendas, pero a la vez cree que son esenciales una serie de dotaciones públicas. Sí se oponen, en cambio, a la altura de las nuevas torres, que serían mucho más altas que el resto de edificios de la zona y podían incluso sombrear ciertos lugares. “Nuestra idea es que se haga un nuevo plan que se adecúe a las reivindicaciones de los vecinos. Es lo que estamos planteando al Ayuntamiento”, comenta Pelayo.

En cuanto a la labor que realizan estos vecinos, el presidente de la asociación expone: “Cuando salió este plan, presentamos muchas alegaciones. Y a la vez, empezamos a recabar firmas: unas 60.000 a través de internet y unas 3.000 físicamente. Estas las presentamos al Ayuntamiento. Estuvimos allí haciendo una manifestación en noviembre, pero les dio igual. A partir de ahí fuimos moviéndonos a nivel judicial”.  El Sr. Gutiérrez  explica que actualmente hay dos vías judiciales abiertas contra esta operación: por un lado, la demanda que puso la asociación rojiblanca Señales de Humo, para evitar la marcha del Atlético, y por otro lado, la denuncia de Ecologistas en Acción junto con Pasillo Verde, que reivindicaba la modificación de las alturas previstas para los nuevos edificios. La asociación de Arganzuela además colabora con la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, en lo relativo a los temas urbanísticos.

Esta asociación se encarga también de otros asuntos del distrito, y está integrada dentro de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), tal como afirma Pelayo: “Ahí están todas las asociaciones de vecinos, y cada uno lleva sus temas y problemáticas. Ellos lo que tratan de promover es un modelo de ciudad; sí que se encargan de los temas urbanísticos, por ejemplo, pero más a nivel general”. Es decir, la federación no se ocupa específicamente, pero apoya todos y cada uno de los que procedan de estas asociaciones vecinales. “Tiene un poder de negociación mucho más grande que cada una de nosotras por separado”, concluye.

El Atlético de Madrid se traslada

Uno de los aspectos que integra este proyecto es el traslado del equipo rojiblanco al distrito de San Blas-Canillejas. El estadio de La Peineta, que será la nueva sede del Club, está aún en construcción. Sin embargo, el Atlético deberá movilizarse antes de que finalice 2016, como así está escrito en el convenio patrimonial firmado en 2008 entre el entonces alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Club de fútbol, Enrique Cerezo. El estadio, que comenzó sus obras en 2011, tendrá una capacidad para 73.000 personas. La temporada 2017-2018 será la primera que el Club pueda jugar allí, si no hay más paralizaciones o aplazamientos.

¿Qué ocurrirá ahora?

Desde que Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento, el proyecto se ha visto frenado, dado que ni la alcaldesa Manuela Carmena ni su equipo lo apoyan. De hecho, Carmena ha retirado recientemente el recurso de súplica que Ana Botella, la anterior alcaldesa, emitió ante el TSJM.

El pasado 22 de octubre se celebró una comisión de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, en la que se trató este tema, sobre todo en lo referente al traslado del club de fútbol al estadio de La Peineta. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, del equipo de Carmena, reconoció "dudas de viabilidad reales" en el proyecto, tal y como afirma el periódico El Confidencial.

Sin embargo, desde el consistorio han anunciado que, en caso de que la operación Mahou-Caderón finalmente no se realice, habría que indemnizar tanto al Atlético como a la constructora FCC. Esta indemnización engloba la compensación por la ruptura del convenio firmado, los costes de las obras ya realizadas y las indemnizaciones correspondientes por daños y perjuicios de las entidades afectadas. Todo ello, sumaría alrededor de 200 millones de euros. En definitiva, la corporación de Ahora Madrid deberá asumir dicho coste si no sigue adelante con el proyecto del barrio de Arganzuela. El plazo para decidir el futuro de esta operación acaba en diciembre de 2016.