En la resolución se matiza que no es una cuestión sujeta a debate porque se basa en una protección cautelar que busca garantizar la legalidad vigente, más allá de los planteamientos sobre la libertad del mercado y la economía cooperativa, en el que se protege la empresa. Basa esta conclusión en que cuando no se cumplen las normas exigidas en un mercado se recae en "una acción desleal".

Esta medida cautelar se ha llevado a cabo sin escuchar a la empresa, el juez justifica este hecho al estar Uber domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delawere y por el daño que ha provocado a todos los titulares del servicio del taxi. Además en la misma resolución busca que las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico prohíban el alojamiento y la capacidad para hacer transacciones a la empresa.

Opiniones dispares dentro del gremio

Desde la AMT están satisfechos por la decisión judicial y manifiestan que se "trataba simplemente de prohibir lo que es ilegal", según Felipe Rodríguez Baeza, presidente de la asociación. No obstante, José Andrés Diez, el abogado del gremio, moderó esta impresión, al plantear la queja de que, desde el inicio de sus iniciativas legales en contra de la empresa Uber, la Administración no ha colaborado con ellos en ninguna parte del proceso.

José Miguel Fúnez, presidente de la Asociación Élite Taxi, ha manifestado que ven con buenos ojos la decisión judicial, pero según él "no es suficiente". También valora que la medida "allanará el terreno en otros sectores para la prohibición de aplicaciones que se basan en el intrusismo".

Asimismo, Fúnez ha expresado que no se han sentido protegidos por la Administración durante el conflicto, y que el consejero de Transportes no "ha mencionado a estas alturas las medidas a tomar". Añade además, que agradecen la "buena voluntad" de la policía municipal y a las demás fuerzas políticas por su colaboración.

La Asociación Élite Taxi ha comunicado que han hecho entrega de más de cinco mil firmas de "compañeros taxistas" a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, para impulsar la solicitud para que se modifique la ley de transporte vigente en la comunidad. Buscan que se pueda aprobar que los vehículos que realicen transporte ilegal puedan ser inmovilizados de forma inmediata. La asociación apoya esta propuesta al manifestar que existe "inquietud y preocupación" por culpa del intrusismo "voraz" que manifiesta padecer todo el gremio en la ciudad de Madrid.