El pasado mes de octubre será recordado por ser el “Mes negro” en ámbito corruptivo de lo que llevamos de año. En los 31 días hubo 141 imputados, entre los que se encuentran políticos, sindicalistas y empresarios a nivel municipal, autonómico y nacional. Esto quiere decir que de media se produjeron 5 imputaciones diarias.
Uno de los casos que más se trató en los noticieros de España fue el famoso caso de las tarjetas “B”. Donde 86 exconsejeros de Caja Madrid las utilizaban para cubrir gastos privados durante nueve años, gastando más de 15 millones de euros. Ángel Acebes ha sido uno de los nombres propios de este fatídico mes. El exsecretario general del Partido Popular ha sido imputado por apropiación indebida sobre las acciones de Libertad Digital. Después el foco de la corrupción se trasladó a Barcelona. Donde la familia Pujol ha sido protagonista. Oleguer Pujol, primer miembro de la familia en ser detenido, fue imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Por último, la operación Púnica. Donde ha habido un total de 53 imputados y 37 detenidos. Entre ellos Francisco Granados, antiguo número dos de Esperanza Aguirre.
“Yo denuncié a Bankia” y “Yo denuncié a Pujol” son los lemas que se pueden leer en las chapas. La venta de estas placas estará regulada por el Tribunal de Cuentas y se podrá realizar en mesas petitorias situadas por toda España, por una cantidad de 5 euros. De hecho, Rosa Díez ya ha anunciado su voluntad de pedir permiso para colocar uno de estos puestos de venta, la próxima semana, frente al Congreso de los Diputados, en la misma ubicación en la que, tradicionalmente, la Reina Sofía participa en la recogida de fondos de Cruz Roja. “Es una medida para que los ciudadanos se comprometan también contra la lucha de la corrupción”, según afirmó Rosa Diez.
Conocer las acciones judiciales y aportar su granito de arena es la opinión que tiene Víctor López Delgado, afiliado del partido. Afirma que la gente responderá a la campaña de una manera muy positiva, ya que lo puede constatar cuando las vende él mismo. Víctor explica: “La gente está muy indignada con lo sucedido con las cajas de ahorros y especialmente en Madrid. Donde Bankia estafó a miles de pensionistas sus ahorros con la emisión de las preferentes. La gente quiere Justicia y sabe que los 5 euros que cuesta cada chapa servirán para que los que en su momento se sentaron en el Consejo de Administración estén un paso más cerca de la cárcel”. Por otro lado, dice que él mismo tiene constancia de que otros partidos minoritarios hagan campañas similares a la que está llevando a cabo UPyD. Pero la mayoría destinados a sufragar campañas electorales y no procedimientos judiciales contra casos de corrupción. Para finalizar, Víctor recalcó que esto ayudará a luchar contra la corrupción, en la medida en que permitirá a UPyD contar con más medios materiales y personales para continuar con los procesos judiciales en los que el partido está actualmente, y los que están por venir.
Pero en la calle no todas las opiniones son positivas acerca de esta campaña. Es el caso de Javier Martin-Caro, estudiante de doble grado en derecho y ciencias políticas (quinto curso) en la Universidad Juan Carlos I. Tiene una visión mucho más crítica del tema, una visión que comparte otra gran parte de la gente. “Puede ser un acto legítimo e idílico, el problema es que hace una crítica indirecta sobre los entes judiciales y las partidas que reciben del gobierno, haciendo pensar que son insuficientes”. Javier afirma que UPyD con este tipo de campañas se proclama a sí mismo como los anticorruptos, cuando en su mismo partido ha habido casos de corrupción. Además, hace énfasis que ha perdido muchos militantes y afiliados del partido. Incluso dirigentes importantes del organigrama se han fugado, ya que PODEMOS le ha quitado ese poder que tiene ser una fuerza nueva y diferente. Por último, Javier concluye diciendo: “UPyD tiene que hacer este tipo de medidas vistosas para que se vuelva a hablar de ellos, ganar la publicidad que han perdido”.
En total, UPyD forma parte de 18 procedimientos judiciales, 13 de ellos en la jurisdicción penal y los otros cinco en lo contencioso-administrativo. Esto está llevando al partido a tener unos costes que ascienden hasta 264.905 euros, lo que significa casi un seis por ciento de su presupuesto anual. Por lo que requiere un gran esfuerzo, tanto personal como económico, para un partido tan pequeño. Esta cantidad es tan elevada porque si se estudia la cifra total se puede ver que el partido, en el caso Bankia se ha gastado unos 93.000 euros, contra las preferentes alrededor de 15.000 euros y para luchar contra la privatización de la sanidad madrileña la cifra asciende hasta los 3.300 euros. Por último, UPyD inicio trámites judiciales contra Artur Mas por desobediencia y prevaricación, al seguir adelante con el desafío soberanista, pese a la suspensión cautelar dictada por el constitucional. Esto le ha conllevado unos gastos de 3.245 euros. También han recurrido asuntos como los nombramientos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La semana pasada Rosa Díez ofreció una rueda de presa para explicar todos los pasos que el partido dará en contra de la corrupción. En dicha comparecencia, Díez estuvo acompañada por el abogado del partido, Andrés Herzog. Ambas personalidades declararon que el interés de la actividad judicial del partido no es un interés electoralista, sino que es a favor de la regeneración democrática, afirmando: “Si contribuimos a que 100 ladrones vayan a la cárcel, habrá merecido la pena, aunque no nos reporte ningún voto”
Andrés Herzog avanzó que ya están preparando una querella contra el Banco Ceiss y las Cajas de Ávila y La Rioja. Pero que de momento no van a intervenir en la Operación Púnica por las limitaciones del partido, por no figurar ni hacer política del caso y para dejar trabajar a la policía y a los investigadores.
Suprimir los aforamientos
Otra de las propuestas presentadas por Díez es que las Cortes Generales tramiten una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos de diputados y senadores, antes de final de año y que los políticos tengan que responder legalmente ante los tribunales ordinarios de justicia y no ante el Tribunal Supremo, como ocurre en la actualidad.
A su juicio, la supresión de los aforamientos políticos no puede esperar a un acuerdo entre partidos e instituciones, para eliminar también aquellos que no dependen de la Constitución o de una decisión de las Cortes Generales. Sino que es un asunto de urgente puesta en vigor para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.
Aunque estos paquetes de medidas han sido presentados por Rosa Díez, tras unas semanas en la que numerosos casos de corrupción han salido a la luz, ha explicado que no se trata de "ocurrencias" preparadas para la ocasión sino que son iniciativas que ya han sido defendidas por UPyD en numerosas ocasiones.
A juicio de Rosa Díez, estas medidas demuestran que el actual gobierno “no ha hecho todo lo que podía hacer”, como sostuvo la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Díez advirtió que el actual gobierno, o no ha entendido lo que está pasando actualmente en la política española, o por el contrario, lo han entendido muy bien y lo único que quieren es salvar sus muebles.