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Jueves, 13 Noviembre 2014 00:00

Operación Púnica: Corrupción en Madrid

Escrito por 

Granados detenido camino de la Audiencia Nacional 

Operación Púnica es el nombre que se le ha dado a la investigación sobre corrupción municipal y autonómica que salió a la luz el pasado 27 de octubre. En dicha trama corrupta están implicados políticos, funcionarios y empresarios, principalmente de Madrid, León, Murcia y Valencia.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, en coordinación con la Policía Judicial y el clan de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron la investigación en enero de este año. El caso que está en manos del juez Eloy Velasco llegó en junio al Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional. Y fue el pasado 27 de octubre cuando se desarrolló la detención y el registro. El 31 de octubre el juez ordenó la entrada en prisión de Francisco Granados, ex número dos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, al que se tacha de principal ejecutor de la confabulación.

El nombre de Operación Púnica viene derivado del Punica granatum, nombre científico del granado, árbol frutal que da la granada, haciendo referencia al supuesto artífice del entramado: Francisco Granados.

Tal y como recoge el auto del juez, “estas investigaciones han puesto de manifiesto que las mismas se han realizado a través de una red de tráfico de influencias, apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como ‘conseguidores’ para terceras empresas a cambio de una comisión pactada. Resultando tales empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León, de múltiples consistorios, etc. Siendo el modus operandi para obtener irregularmente los contratos y servicios el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares”.

Así bien, los implicados están acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, transacción prohibida a funcionarios, fraude contra Administración y organización criminal.

Entre los empresarios relacionados con el caso está David Marjaliza, amigo íntimo de Granados. Ambos tenían la Agrupación Socialista de Valdemoro controlada entre los años 2005 y 2006. Igualmente, se vincula a Alejandro Pedro Llorca a la consultoría de beneficios y la informática.

De los alcaldes imputados, cuatro son del Partido Popular. Los de las localidades de Valdemoro, José Carlos Boza; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz y Collado Villalba, Agustín Juárez. En este sentido el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, declaraba en rueda de prensa que “desde que el PP tomó fraudulentamente la Comunidad de Madrid, la ha convertido en una cloaca nauseabunda”, añadiendo que “lo que estamos viviendo es consecuencia del modelo económico, político, social y cultural que han impulsado los dos grandes partidos”. Ya que por su parte, el Partido Socialista tiene imputado a José María Fraile, alcalde de Parla. También acusado de cobrar una comisión por adjudicar a Cofely un contrato de eficiencia energética de 54 millones. El dinero se camufló en una empresa auditora vinculada con el empresario David Marjaliza.

Acceso para detenidos en la Audiencia Nacional

Del mismo modo, también está implicado el que fuera alcalde de Cartagena (Murcia) entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso Conesa, del PSOE. Así como, el concejal de Hacienda de Valdemoro Javier Hernández.

Tras descubrirse la red de corrupción, los primeros en dejar el cargo fueron Cubas y Fraile, gobernantes de Parla y Casarrubuelos respectivamente. Más les costó a los alcaldes de Collado Villalba, el cual acudió a un pleno de la localidad después de haberse destapado la trama; y a Antonio Sánchez regidor de Serranitos del Valle, el cual pertenece al partido independiente Unión Democrática Madrileña (UDMA).

Finalmente Rodríguez Sanz y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, presentaron asimismo su dimisión, aunque este último no renunció a su acta de concejal.

A pesar de sus declaraciones contra la corrupción, Izquierda Unida no se libra de este entramado. El cargo de confianza de la concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla, Avelino Pérez, militante de dicho partido, está siendo investigado.

La Operación Púnica ha causado gran revuelo en la política, debido al escaso periodo de tiempo en el que se han llevado a cabo los hechos y la cantidad de personas implicadas, la mayoría provenientes de la Comunidad de Madrid. Ha afectado sobre todo al entrono político de Esperanza Aguirre, más si cabe que el caso Gürtel. Contra esto, Eddy Sánchez Coordinador de Izquierda Unida Comunidad de Madrid declaraba a la prensa que: “Se pueden hacer más cosas que el Don Tancredo, como ustedes pretenden. Por hacer, puede dimitir su gobierno y la señora Aguirre como presidenta de su partido, en otras latitudes, hubiese pasado hace mucho tiempo, aunque sé que para ustedes, dimitir es un nombre ruso, y eso nunca les sonó bien”.

 

 

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