Así, el responsable de los servicios jurídicos del Ejecutivo, Eduardo Cardozo, ha solicitado, según ha anunciado la Abogacía General del Estado en un comunicado, “la anulación del proceso de impeachment”. Sin embargo, varias fuentes de la Agencia EFE han avanzado que hay muy poca probabilidad de que la demanda sea admitida.

Por su parte, a mediados de abril, el Supremo rechazaba una petición semejante presentada por el gobierno brasileño poco antes de la celebración de una sesión de la Cámara de los Diputados en la que finalmente se aprobó la apertura de un juicio político y se elevó la causa al Senado. El presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, aseguró el pasado lunes que, hasta el momento, todo el proceso ha sido realizado dentro del más estricto marco legal.

La principal implicada, Rousseff, ha señalado que el último día de su mandato era el 31 de diciembre de 2018, a lo que ha añadido que: “Voy a luchar [contra la destitución] con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha".

Entre las razones que los abogados del Gobierno argumentan para el recurso, se encuentra la de que el origen de todo el proceso está en una venganza personal del antiguo presidente del Congreso, Eduardo Cunha, actualmente depuesto, acusado de corrupción. A lo que añaden que el mismo Cunha dio vía libre al impeachment el pasado mes de diciembre.