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Domingo, 08 Febrero 2015 17:26

El Gobierno de México no garantiza la seguridad

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El presidente priista Enrique Peña Nieto cerró el año con 17.317 homicidios dolosos, un total de 5.133 personas desaparecidas- una cifra histórica en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas-, y más de 2.500 agentes municipales han sido detenidos por delitos graves en los últimos cinco años. Por necesidad o emergencia, nuevas alternativas realizan la labor del Gobierno de México: la policía comunitaria y las autodefensas.

Las autodefensas y policías comunitarias son dos tipos de alternativas ciudadanas que surgen como reacción a la pobreza e inseguridad, y ante la ineficacia de las políticas públicas que no logran disminuir las tasas mencionadas, sino aliar la actividad gubernamental con los grupos de narcotráfico. Al menos el 70% de los 2.445 municipios de México tienen vínculos con cárteles de la droga, según citó el experto en prevención del delito organizado y corrupción e investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU),  Edgardo Buscaglia, en declaraciones a la BBC.

“Defender la vida y la comunidad son nuestros lemas”, reivindica Linda Acosta Rodríquez, mexicana licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Acosta Rodríguez considera que existen estas opciones frente a la violencia, corrupción e impunidad que azota a México desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en la presidencia- en el poder desde hace 75 años. “Porque hoy Peña Nieto quiere hacernos olvidar que somos una sociedad”, enfatiza la mexicana.

Los grupos de autodefensas y policías comunitarias se localizan en un 77% en tres estados: Guerrero, Michoacán y Chiapas. Porque en estas entidades se perpetró una tasa de homicidios dolosos de 1.514 víctimas, 1.085 y 413 respectivamente; y la pobreza afectó a más de la mitad de la población en cada uno de los estados, según registró el informe anual de 2014 del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SNSP).

Reconstruir la comunidad para defender la vida

En 1993 nació la palabrapolicía comunitaria” en el estado sureño de Guerrero y se configuró como institución en 1995, narra la socióloga Rodríquez. El hartazgo ante la violación de mujeres, los robos y robos con asesinato, la crisis económica de la época, más la permanencia de una justicia estructurada mediante las “mordidas” (sobornos) fueron los motivos para establecer un sistema tradicional de organización social asentado en la participaciónciudadana. Sin partidos políticos, ni policías ni una administración pública, los pueblos indígenas de la Costa Chica y de la Montaña guerrerenses crearon las "Juntas de Buen Gobierno" o Aguascalientes, hoy conocidas como Caracoles, informa la página web de la policía comunitaria.

Desde 2011 no ha habido asesinados, ni secuestros, ni extorsiones en el municipio mexicano de Cherán, estado de Michoacán, porque se rige por esta moderna versión de organización comunitaria. El “Gobierno” se cimienta mediante Concejos y la Asamblea General, el máximo órgano de representación, señala la web. “La norma es convivir y defender la vida”, añade Acosta Rodríquez.

En el municipio de Santa Catarina Tayata, estado de Oaxaca, la policía está conformada por mujeres que “decidieron luchar contra el patriarcado para poder mediar y decidir en su territorio”, subraya la indígena oaxaqueña Idolina Gallardo Martínez. Lo lograron. Las oaxaqueñas son las topiles (policías comunitarias) porque “son mujeres de armas tomar”, según un dicho nacional.

El topil es la figura que representa la seguridad y ofrece un servicio no remunerado pero sí sancionable por la Asamblea, quien le designa para el cargo. Los topiles no visten con uniformes y ocasionalmente portan un arma o tolete.

La justicia en manos del pueblo, no del Gobierno

Las autodefensas son otra alternativa, tal como ha expresado ante los medios de comunicación nacionales el universitario superviviente del 26 de septiembre, Omar García Vázquez. Estos grupos surgieron para defenderse de la extorsión del crimen organizado: el pago de impuestos al narco por los negocios, consumo de alimentos, casas o sus vehículos. Carecen de entrenamiento policial, operan con o sin máscara y están fuertemente armados. Por contra, a diferencia de la policía comunitaria, sus intereses son más individuales que colectivos. Pero ambas opciones comparten un mismo fin: defender a las familias, sus comercios y a la sociedad.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 recoge en su artículo 17: “Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni ejercer la violencia para reclamar su derecho”. Y en su artículo 39 garantiza: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo (…) El pueblo tiene derecho a alterar o modificar la forma de su Gobierno."

 “El diálogo es nuestra mejor arma y así nos lo ha enseñado la historia”, reflexiona Acosta Rodríquez. La población mexicana percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido de los partidos políticos, y los ministerios públicos en tercer lugar, según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en junio de 2014.

El hartazgo ante las políticas y reformas del PRI: YoSoy132

“¿Te secuestra un narco y te mata un político?”, titubea Nayeli Jiménez Cano, mexicana licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Jiménez Cano exclama que en su país no hay cifras exactas de muertos. “A los muertos de hoy los tapan los de mañana”, agrega un refrán nacional. No culpa al narcotráfico, ni tampoco a la policía federal: “Son sólo funcionarios mal pagados”, asegura. Y prosigue con un balance contextual sobre el PRI y su presidente.

En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México; a juicio de Jiménez Cano significó “la mano de obra barata mexicana”. En 2008 entró en vigor el Plan Mérida de cooperación entre México y EE. UU; así para Jiménez Cano se logró “la militarización de las fuerzas de orden público mexicanas y la guerra sucia”. En 2012 el PRI volvió a la presidencia del país, tras un descanso de 12 años en la oposición, “asegurándose el voto regalando tarjetas para comprar en supermercados de la cadena Soriana y gracias al respaldo de Televisa (líder en medios de comunicación)”, enjuicia Jiménez Cano y reafirma el diario The Guardian.

La mexicana continúa con la Reforma Energética y la extracción masiva de petróleo, liderada por el hoy presidente de México, que ha supuesto “una bonita imagen de cara al exterior, pero lo que no se ha explicado es el desplazamiento masivo de indígenas, de sus casas, su suelo y su encarcelamiento”. Así recuerda un meme: “El Plan Peña: vender PEMEX (petrolera mexicana), privatizar la educación, las carreteras, y crear obras inútiles. Peña no olvida encargarse de sus opositores”.

Jiménez Cano concluye con una referencia a la ley de armas. Se pregunta: “Si el Gobierno es quien otorga las licencias, ¿a quién se las da?”. La Constitución de México recoge en su artículo 10: “La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”. La ley de Armas de Fuego y Explosivos ha sido denunciada por la ONG Witness For Peace, que considera que con ella el Gobierno facilita la entrega de armas al crimen organizado.

“No son 43, somos millones los que gritamos ¡Basta!”, claman Acosta Rodríquez y Jiménez Cano en representación al movimiento estudiantil mexicano YoSoy132, que nació como reacción a la campaña electoral del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto, en 2012. El mismo que advirtió de “la nueva generación” cuando, en uno de sus mítines, celebrado en la Universidad Iberoamericana de México, negó la entrada a los estudiantes acusándoles de “vándalos.” En respuesta al acto, 131 universitarios mostraron en Internet sus carnets de la Ibero.

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