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Lunes, 26 Enero 2015 00:00

El maestro normalista Damián Gallardo condenado en una cárcel de máxima seguridad

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La defensa de la Escuela Normal Rural movilizó a los Estados Unidos Mexicanos la noche del 26 de septiembre. Fue la protesta a la represión y a la reforma educativa del Gobierno priista, el mismo que encierra a 350 presos políticos. Damián Gallardo Martínez es profesor de la Rural en el estado mexicano de Oaxaca y por ello cumple condena en el penal de máxima seguridad de Puente Grande.

La resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU de 16 de diciembre de 2014 instó al Gobierno Federal a poner en libertad al maestro indígena Damián Gallardo Martínez. El grupo de expertos reivindicó que la detención arbitraria del profesor se agravaba por su condición de defensor de derechos humanos, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su protección. El documento exige “poner fin a esta situación de violaciones múltiples”, así como “acordar las medidas de reparación apropiadas en favor de esta persona”.

“Formar a los universitarios en el aprendizaje del magisterio fue el crimen de Damián”, relata la hermana del preso político, Idolina Gallardo Martínez. El Currículum Vitae del profesor es el siguiente: hombre de 44 años, indígena de Ayuujk (pueblo de la sierra oaxaqueña), maestro del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, activista social y defensor de la libertad de presos políticos.

A partir del 2006, se solidarizó con la lucha del magisterio democrático y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO); participó en la Convención Nacional Democrática Zapatista y el 18 de mayo de 2013 fue arrestado. Sin ninguna orden de aprehensión, ni derecho a la presunción de inocencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) le acusó del secuestro de los menores Juan José y Alexa Álvarez Benfield, junto a 11 maestros más. Su hermana niega el delito. El profesor, entre rejas, aún grita desde sus cartas: “¡Lucha honesta y combativa! ¡Esa es la alternativa!”.

El delito de ser maestro: enseñar

El 77% de las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza multidimensional, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Escuela Normal Rural- formación de futuros educadores de magisterio- se localiza en regiones remotas y funciona como internado para miles de jóvenes que viven en zonas marginadas. Es su oportunidad de continuar con los estudios superiores y recortar la brecha de la desigualdad social. Estas escuelas no están equipadas con tecnología punta y tampoco cierran en periodo vacacional. Además ofrecen una mayor atención pedagógica a sus alumnos. Por este motivo a Damián Gallardo Martínez y al conjunto de maestros se les denomina “huevones” y “haraganas” (“mediocres”). Izcóatl García Morales, profesor de secundaria en la Rural de Oaxaca, añade: “Mi escuela está junto a las orillas y mis alumnos llegan en lanchas o tras andar durante horas”.

Damián Gallardo Martínez es un activista social de nacimiento porque los del sur lo llevan en la sangre y defiende una educación pública e igual para todos, expresa Idolina Gallardo Martínez. Y reivindica: “A los luchadores sociales nuestro Gobierno nos denomina delincuentes federales”.

Los “delincuentes” profesores del sur

En el año 2008 el Gobierno firmó la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), cuyo propósito fue cerrar la Institución por ser ésta una “formación de guerrilleros”, a juicio oficialista. Con la actual Reforma del presidente priista, Enrique Peña Nieto, en vigor desde el 26 de febrero de 2013, “buscan dejar sin alumnos a las escuelas pobres, reprimir la educación pública y las lenguas indígenas”, enjuicia el maestro García Morales. Comenta que el temario de la asignatura de Historia comienza con Cristóbal Colón y obvia la riqueza de la cultura indígena, y de igual manera se reduce la Filosofía. “El PRI quiere entrenar a los estudiantes, no educarlos”, concluye el maestro.

Los profesores comenzaron a ser “delincuentes” en los años 50. En esta fecha se sucede la primera reforma educativa represiva que, según explica García Morales, “consistió en renunciar a formar maestros especializados en atender las necesidades educativas del campo”. Con esta salazón surgieron los movimientos armados de autodefensas de los guerrerenses y docentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, ante la ineficacia de una primera vía pacífica. Un sólo indicador social que azotaba el estado de Guerrero explica su porqué: el 48% de la población de 15 años y más era analfabeta. Hoy Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional: 69,7%, según Coneval. Los estudiantes y maestros del sur de México continúan protestando.

El riesgo de defender los Derechos Humanos

Idolina Gallardo Martínez notificó la detención arbitraria de su hermano a La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en México. No obtuvo respuesta. A su juicio, “la CNDH es un ente priista que no evidencia la violencia que no le corresponde al Gobierno evidenciar”. El organismo tuvo un presupuesto aproximado de 1.500 millones de pesos en 2014, recibió 7.164 quejas por tortura y malos tratos entre 2010 y 2013, y atendió al 0,1% de las demandas. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna desembocó en una condena penal. Damián Gallardo Martínez ha escrito y enviado cuatro cartas desde la cárcel reivindicando su estado político, la democracia, la libertad y su apoyo para con todos los ciudadanos de México. La última data del 2 de octubre de 2014.

“El Estado encubre, no actúa. La violencia del Estado tiene una larga historia. Los 43 universitarios de magisterio desaparecieron forzosamente porque la escuela es un símbolo del normalismo mexicano”, agrega García Morales.

El 19 de octubre de 2001, dos tiros ejecutaron la muerte de la activista Digna Ochoa y Plácido. No fue el “suicidio” que certificó el Estado en su momento, posteriormente se demostró que fue un asesinato. El 27 de abril de 2010, una emboscada de hombres armados- simpatizantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)- dispararon contra la defensora de los Derechos Humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo, “Bety”, y el finlandés Jyri Jaakkola. Este grupo armado es una organización con presuntos vínculos con autoridades locales y estatales. Todavía nadie ha compadecido ante la ley por el doble homicidio.

La protesta contra el Gobierno de Enrique Peña Nieto

Gallardo Martínez es profesor y preso político, a él le acompañan 349 activistas pro Derechos Humanos encarcelados sólo en lo que lleva de legislatura la administración peñista. “Paro cívico nacional”, gritaron los mexicanos en la primera manifestación conjunta de septiembre de 2013 contra las “medidas represivas” de la educación. Los docentes se manifestaron los días 12, 13, 14, 15 y 16 de enero en la capital mexicana y continúan con sus jornadas de protesta. Se han unido nuevas voces a la marcha: “¡Presos políticos, libertad!”. Idolina incluye la suya propia: “No guardaremos más silencio. Es nuestra hora y estamos unidos”. La noche del 26 de septiembre colmó el vaso lleno de sangre y unió a toda una comunidad dentro y fuera de las fronteras de México.

 

 

 

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