El pasado día 20 de diciembre el Gobierno presentaba el texto de la llamada "Ley de protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada", una norma que reemplazaría a la actual ley de plazos de 2010. Los cambios que incorpora, como la eliminación del supuesto de malformación, la convierten en la ley del aborto más restrictiva de la democracia, lo que ha provocado una oleada de críticas no sólo desde la oposición sino en el propio seno del Partido Popular.

Casi trece años les ha costado ‘hacerse oír’ en la sociedad y conseguir influir en las instituciones con una máxima: el derecho a la vida. Desde la organización que preside el abogado Ignacio Arsuaga se muestran satisfechos con el anteproyecto para la reforma de la ley del aborto presentado por el Gobierno, aunque con algunos matices.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha confirmado en un auto publicado este mismo viernes la existencia de “un nivel indiciario” de una “cierta corriente financiera de cobros y pagos de forma continua en el tiempo pero al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.  Esta corriente financiera podría haberse utilizado para reformar la sede del PP en la calle Génova entre 2005 y 2011. Además el magistrado imputa al arquitecto Gonzalo Urquijo y al exgerente del partido, Cristóbal Páez.