La presidenta del primer departamento de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, María Antonia Lozano Los considera culpables de la adjudicación de un contrato con valor superior al marcado por el mercado, cuando eran alcalde y concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Vitoria. 

Ambos dirigentes han sido condenados por causar un perjuicio a las arcas municipales de 393.000 euros. Además, el contrato firmado conllevaba una serie de causas que perjudicaban al consistorio alavés, entre ellos, la condición de que, en caso de rescisión del contrato por parte del ayuntamiento, este debería abonar el total del importe que quedase por pagar. 

En el contrato rechazado por el Tribunal de Cuentas, la administración de Rojo alquiló por veinte años un edificio de oficinas que fue comprado el año anterior por 2,7 millones de euros. Este inmueble, de 900 metros y situado en la calle San Antonio, en el centro de la capital alavesa, es propiedad de la sociedad Sbayre, dirigida por Gonzalo Antón, empresario local y exdirigente del Deportivo Alavés entre otros cargos. 

De esta forma, los vitorianos deberían abonar 7,6 millones de euros en dos décadas. Un precio bastante mayor a lo que creyó oportuno en su día la Comisión de Investigación del ayuntamiento, que acreditaron que los técnicos municipales tasaron el alquiler en cifras cercanas a los 10.000 euros más IVA. 

Desde el Partido Popular, tal y como recoge la Cadena Ser, se ha restado importancia a la condena y aseguran que recurrirán la condena, cuyas diligencias penales fueron archivadas en marzo de este año, después de que la Fiscalía de Álava no acreditase la “existencia de ílicito penal alguno”, sobre los populares.