La Fundación CEPS, que incluía a toda la cúpula de Podemos y distintos políticos del Partido Socialista e Izquierda Unida, habría recibido siete millones de euros procedentes del gobierno de Venezuela destinados a “la realización de foros, seminarios y programas de formación sociopolítica”, tal y como se recoge un documento de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción al que ha tenido acceso ABC en exclusiva.

Además, sostiene que estos trabajos no habrían tributado en la Agencia Tributaria ya que, aunque repatriaban los beneficios a España, aquí estaban exentos de ser declarados ya que, como oenegé, no tenía ánimo de lucro.

Este texto, en el que se tomó declaración al exministro del Poder Popular para las Finanzas venezolano, Rafael Isea, ratifica que Pablo Iglesias, actual líder de Podemos, junto a Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge, ex número tres y asesor de la formación morada respectivamente, habrían cobrado del gobierno venezolano siete millones de euros, tal y como informó el diario de Vocento el pasado 5 de abril.

Estos pagos fueron autorizados por Hugo Chávez, “con un rotulador rojo”, como ha acreditado Isea, que se encuentra en Nueva York tramitando su solicitud de asilo político por haber denunciado las supuestas vinculaciones entre el narcotráfico y el terrorismo y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Desde la formación morada se ha recordado que no hay relación entre la Fundación CEPS y el partido político. Además, el actual secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha mostrado su extrañeza sobre que miembros de la UDEF se desplacen a terceros países para tomar declaración sin requerimiento judicial. Además, ha recordado los antecedentes de esta unidad policial, que ha publicado informes irregulares sobre una posible financiación irregular que, posteriormente se han certificado como falsos por la fiscalía.