Hoy, 4 de abril, dos semanas después de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Ankara, la policía griega y Frontex, la Agencia Europea para la coordinación de fronteras, han empezado a coordinar las deportaciones masivas de inmigrantes hacia las costas turcas. A pesar de esto, los migrantes siguen llegando a las costas turcas procedentes de Siria, Afganistán y Pakistán.

En virtud de este acuerdo bilateral, Turquía asumirá  la gestión de los migrantes a cambio de 3.000 millones de euros, la abolición del visado para los turcos que deseen entrar en territorio Schengen y la apertura de capítulos de negociación para que el país liderado por Recep Tayyip Erdogán entre en la Unión Europea.

Según ha informado Eva Moncure, portavoz de Frontex, entre los primeros deportados se  encuentran ciudadanos de Pakistán y Bangladesh que no habían pedido asilo político. Las autoridades turcas aseguran que un campo de refugiados a dos horas de Estambul será el lugar donde vivirán a partir de ahora.

Estas acciones han generado muchas críticas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales. Las quejas son bastante negativas con las políticas que están llevando a cabo desde Bruselas. La primera en abandonar sus actividades de voluntariado fue la Agencia de Naciones Unidas para el refugiado (ACNUR), que declaró “no querer ser cómplice” de las acciones que se suceden en Moria. Este campo de internamiento fue montado sobre la marcha para acoger a alrededor de 2.000 personas que próximamente serán entregados a Turquía, país que dejaron en barcas y ayudados por las mafias.

Además, estas organizaciones no consideran que el país al que son devueltos sea seguro para los migrantes, especialmente desde que la semana pasada el diario The New York Times asegurara que Turquía está devolviendo asilados políticos a Siria.