El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil realizó una investigación a raíz de unas evidencias que reflejaba la corrupción existente en el PP de Valencia. Este hecho permitió llevar a cabo la Operación Tula en el que se investigaba una trama organizada y jerarquizada con ramificaciones nacionales e internacionales. Esto les permitía hacerse con contratos públicos para servir de moderadores en la adjudicación de las obras públicas  de la Diputación, la Generalitat y ayuntamientos como el de Xàtiva o Valencia.

Asimismo, el magistrado del caso Tula, el juez Víctor Gómez, decidió el pasado lunes el levantamiento parcial del secreto de sumario, en concreto de la pieza que investiga las donaciones supuestamente falsas de los 1.000 euros en la última campaña electoral de Rita Barberá. Del mismo modo, el juez retrasó un mes el secreto de esta investigación y al mismo tiempo ofreció a los dos aforados, Barberá y Miguel Domínguez la posibilidad de declarar de forma voluntaria por blanqueo de capitales.

En el sumario aparecen algunos datos destacables como las conversaciones de los investigados y otras en las que se reconoce a José Alcón, ex concejal del PP, y Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública Imelsa. Esta última conversación es importante, ya que existe una preocupación acerca de si afecta a la relación  de Alcón y Grau. Además, este hecho permitiría explicar el distanciamiento entre el ex vicealcalde y Barberá.

Igualmente, el informe de la Guardia Civil  detalla que el PP de Valencia dispuso de grandes cantidades de dinero de origen desconocido y no entiende cómo Barberá no estaba al tanto.