Con motivo de la sustitución del ministro de Justicia José Eduardo Cardozo tras su renuncia, Wellington Lima ocupó el cargo hace una semana. El Supremo de Brasil ha decidido impedir este jueves la perpetuación de dicha sustitución debido a que la Constitución no permite la ocupación del cargo al mismo tiempo que se es miembro del Ministerio Público.

La demanda contra el nombramiento fue presentada por el Partido Popular Socialista (PPS). Según el instructor del caso, Gilmar Mendes, la Constitución no deja lugar a dudas y prohíbe expresamente a los miembros del Ministerio Público asumir algún cargo en el Gobierno, ya sea nacional, regional o municipal.

La decisión del tribunal ha sido tomada con diez votos a favor y uno en contra. El magistrado discrepante, Marco Aurelio de Mello, consideró que la demanda tenía un claro objetivo político. Cardozo alertó en su primera aparición pública que “muchos miembros del Ministerio Público ejercen cargos similares, con lo cual todos deberán dejar sus funciones”.

El supremo acordó que las administraciones regionales o municipales han de adecuarse a la Constitución en un plazo máximo de veinte días. En el caso de Lima, mientras se mantuviese el vínculo con el Ministerio Público, el veto constitucional se mantiene.

En función de la sentencia dictaminada por la corte, el político podría renunciar al nuevo nombramiento o a su puesto en el Ministerio Público y después volver a encargarse del Ministerio de Justicia, aunque durante el proceso el cargo quedaría vacante.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha de buscar a un nuevo ministro de Justicia a cinco meses de la celebración de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en esta edición en la ciudad de Río de Janeiro.