La desesperación de los Veintiocho por llegar a un acuerdo que mitigue la crisis de los refugiados se ha plasmado hoy en un acuerdo con Ahmet Davutoglu, primer ministro de Turquía, según el cual todos los inmigrantes que lleguen a las costas europeas serán devueltos a Turquía, incluido los sirios. Este acuerdo hace especial énfasis en aquellos que intentan entrar al continente por la isla griega de Lesbos, pero también a los que intenten pasar por Lampedusa, en las costas italianas.
Por su parte, la UE se compromete a acoger una parte mínima de los inmigrantes que lleguen a Turquía. Además deberá financiar la gestión de estos inmigrantes en suelo turco con 3.000 millones de euros, derogar los visados que permiten la entrada de ciudadanos turcos en el espacio Schengen a partir de junio y avanzar en los requisitos para que Ankara entre dentro de la comunidad europea, de la que es, a día de hoy, candidato oficial.
Este último requisito ha levantado ampollas en los países miembros ya que Chipre mantiene una disputa con este país por la ocupación de la parte norte de la isla. Además, los otomanos deben de cubrir unos requisitos indispensables, tal y como se dejaron escritos en los criterios de Copenhague de 1993. Entre ellos figura la necesidad de que exista un Estado de derecho con garantías, punto que se pone en tela de juicio tras la reciente intervención del diario Zaman, crítico con el gobierno, y de la agencia independiente de noticias Cihan. Ambas han pasado a formar parte del Estado, lo que hace que la comunidad europea se cuestione la libertad de expresión.
De este modo, los presentes en la cumbre se han mostrado entusiasmados por el pacto. Angela Merkel lo calificó de “un gran paso” para resolver la crisis migratoria en Europa, aunque los refugiados no podrán elegir su país de destino. Más disconforme se ha mostrado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que no es partidario de un reparto obligatorio de los refugiados. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha defendido la legalidad del acuerdo, aunque implique la repatriación de perseguidos políticos en su país de origen.