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Miércoles, 24 Febrero 2016 18:05

Más de treinta Estados obligan a refugiados a volver a sus países

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La organización no gubernamental, Amnistía Internacional, ha analizado nuevamente la situación actual de los derechos humanos en 160 países. Según han señalado datos del informe publicado por esta ONG, hoy martes, el 19% de los países analizados obligaron a los refugiados a volver a sus lugares de origen donde sus vidas corrían peligro.

Amnistía Internacional ha estudiado, otro año más, las condiciones vigentes de los derechos humanos en 160 estados. El resultado de este análisis ha sido publicado esta mañana en Madrid, dando a conocer los datos sobre diversos casos en los que los migrantes fueron expulsados sin que se tuviera en cuenta si tenían o no derecho a protección nacional.

Según las cifras del estudio realizado por dicha organización, más de treinta de los países que han sido investigados, forzaron en 2015 a varios refugiados a volver a sus lugares de origen donde sus vidas corrían peligro. Se trata de España, Holanda, Hungría, Grecia, Bulgaria, Rusia y Arabia Saudí, entre otros.

El organismo creador de este informe ha señalado que "se han documentado expulsiones colectivas desde Grecia, tanto por tierra como por mar, a Turquía, donde el sistema de protección es muy insatisfactorio." Por su parte, la coordinadora de la campaña europea de migración de la ONG, María Serrano, ha agregado que "también desde Bulgaria a Turquía o desde España a Marruecos."

Dado que está teniendo lugar la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, Amnistía Internacional ha pedido "un cambio radical". Es por ello que el director de dicha institución, Esteban Beltrán, ha añadido que "debe haber una respuesta global. Hay que empezar por acoger en los 48 países más ricos del mundo a los 1.015.000 refugiados en situación vulnerable. Son mujeres, menores de edad, heridos, ancianos... que necesitan especial protección".

España no es una excepción, ya que el documento destaca que nuestro país ha tenido una política de doble rasero a nivel internacional. Por un lado, ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros del Consejo de Seguridad participen en la adopción de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad. Sin embargo, el Gobierno ha hecho reformas contrarias al derecho internacional y ha ignorado las recomendaciones que organismos como el Comité de Derechos Humanos le ha hecho en diferentes ámbitos.

 

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