La CE ha confirmado las faltas griegas en el registro de refugiados e inmigrantes en sus fronteras, después de que países como Austria, Bélgica, Dinamarca o Suiza lo hubieran remarcado públicamente e incluso pedido la expulsión de Grecia de Schengen. Debido a esto Bruselas le ha dado un ultimátum a Grecia, y si en tres meses no ponen solución a estos problemas, tendrán que controlar estas fronteras internas durante dos años. El objetivo es que Atenas controle a todos los refugiados que entran en su territorio con el fin de dirigirse al norte de Europa.
Una misión comunitaria se desplazó el pasado mes de noviembre a tres puntos de la frontera griega sin previo aviso y detectó los incumplimientos llevados a cabo en estas fronteras respecto a las normas que exige Schengen. Según el informe presentado: no existe identificación ni registro eficaz de migrantes irregulares, las impresiones que se toman de las huellas dactilares no van directamente a una base de datos y tampoco se comprueba la autenticidad de los documentos de viaje. Fuentes griegas exponen que en noviembre la situación era más crítica y que desde entonces se han aplicado mejoras.
La Comisión enviará a Atenas unas recomendaciones sobre qué atajar y cómo, y Grecia estará obligada a mandar como respuesta un Plan de Acción en el que explique cómo va a corregir estas deficiencias existentes en sus fronteras, además están en su derecho de pedir la asistencia técnica de los expertos comunitarios para ello. Funcionarios de Frontex están trabajando en la frontera con Macedonia y los llamados Rabbit, equipos de asistencia europeos, trabajan en las islas.
Grecia dispondrá de tres meses para ello, si transcurridos estos meses no lo ha conseguido controlar, la Comisión podrá aplicar los procedimientos recogidos en el artículo 26 del Código Schengen. “Si queremos mantener el área de libre movimientos tenemos que gestionar mejor nuestras fronteras exteriores. Eso quiere decir que sólo salvaremos Schengen aplicando Schengen”, ha reconocido el comisario Avramopoulos.