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Viernes, 22 Enero 2016 16:07

Tres nuevas citaciones para el caso Gürtel

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Audiencia Nacional / Fuente: Wikimedia Audiencia Nacional / Fuente: Wikimedia

La Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigadas a tres nuevas personas dentro del caso Gürtel, entre ellas a una asesora de Alcorcón. El juez cree que María Belén Húmera Contreras, ex concejala de Boadilla, habría facilitado la concesión de servicios de obras a empresas vinculadas a Francisco Correa. También han sido convocados el arquitecto Antonio Miguel Reyes y el empresario Carlos Jorge Martínez Massa.

La red de corrupción política vinculada al PP, el caso Gürtel, sigue creciendo casi nueve años después del inicio de las investigación. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, ha citado en calidad de investigadas a tres personas vinculadas a contratos irregulares en Boadilla.

Húmera, asesora de la Administración General de Alcorcón, fue concejala de Obras y Servicios en Boadilla del Monte. El auto del magistrado dicta que la edil habría favorecido la adjudicación directa de servicios de obra públicos a empresas vinculadas a Francisco Correa. David Pérez, alcalde de Alcorcón, la destituirá inmediatamente.

El auto se refiere en concreto a las obras realizadas en el despacho de Arturo González Panera, ex alcalde de Boadilla e imputado por la Gürtel. También conocido como ‘el Albondiguilla’, González Panera era el jefe directo de Húmera. La ex concejala ha sido citada a declarar el próximo viernes 12 de febrero.

Por otra parte, el juez cree que el arquitecto Antonio Miguel Reyes podría haber participado en dos adjudicaciones irregulares de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. Le acusa de prevaricación por la adjudicación de cuatro parcelas en 2005 a favor de la empresa Rústicas MBS y de 176 pisos a la constructora Teconsa entre 2002 y 2004.

Martínez Massa era administrador de Rústicas MBS, empresa a la que otorgaron las cuatro parcelas. El empresario habría colaborado para que dos cargos públicos imputados del ayuntamiento ocultaran su participación en el contrato. El juez le acusa de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

La Investigación General del Estado ha analizado 31 contratos menores considerados sospechosos. En total suman 655.071 euros que fueron fraccionados para poder ser adjudicados sin someterse a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El juez de la Mata ha pedido documentación al Ayuntamiento de Boadilla para poder seguir investigando.

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