Tras su victoria el pasado mes de octubre en las elecciones, el PiS, partido ultraderechista liderado por los hermanos  Kaczynski, ha llevado a cabo dos medidas muy discutidas que han sembrado la preocupación entre sus socios comunitarios. Una de ellas limita las acciones del Tribunal Constitucional, cuyas dos últimas decisiones han sido ignoradas por el Gobierno polaco, mientras que la otra aumenta todavía más el control político de los medios de comunicación públicos polacos. Dos hechos que no han pasado desapercibidos a ojos de las instituciones comunitarias, quienes no han tardado en pronunciarse al respecto.

Desde este miércoles, la Comisión Europea pone en marcha, por primera vez desde su creación en 2014, el mecanismo mediante el cual sancionar a los Estados miembro que infrinjan los principios del Estado de Derecho. De hecho, ha habido un fuerte debate entre los 27 comisarios de los distintos países sobre si su aplicación es o no lo más adecuado. Tras esa discusión en privado, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, entiende que lo más conveniente es actuar rápidamente, tras dos medidas que, según su vicepresidente primero, Frans Timmermans, “constituyen un asunto serio”.

De ahora en adelante, Varsovia se verá sometida a tres frases de escrutinio por parte de la Comisión. En la primera de ellas, que durará hasta el próximo mes de marzo, se establecerán diálogos y diferentes consultas sobre qué es aquello que ha originado esta aflicción en las instituciones europeas. Una vez finalizadas, la Comisión anunciaría a Varsovia aquellas medidas destinadas a cambiar la situación. Si tales medidas son pasadas por alto por el Gobierno polaco, las autoridades de la Unión Europea podrían imponer sanciones e incluso despojar a Polonia de su derecho a voto en las instituciones comunitarias.

De esta forma, el gobierno euroescéptico de Polonia, presidido por Beata Szydlo, queda oficialmente bajo el punto de mira de la Unión. Algo que, en principio, no ha hecho a Varsovia echarse atrás, ya que inmediatamente han remitido una carta a Bruselas con las correspondientes objeciones a su decisión.