El bloque independentista presentó un anexo al punto ocho de su propuesta soberanista con el objetivo de garantizar derechos básicos en materia de sanidad, pobreza energética, educación y vivienda entre otros. Ha sido en la mañana de este viernes 6 de noviembre en el Parlament de Cataluña.
El documento es una ampliación de dicho punto, que insta al futuro Gobierno de la Generalitat a cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados de la Cámara catalana. El objetivo del anexo es garantizar los derechos fundamentales, ya que “podrían verse afectados por las decisiones de las instituciones del Estado español”.
Entre los principios incluidos se encuentran el de garantizar el acceso a los suministros básicos de energía, la sanidad universal y el principal realojo de personas en situación de riesgo de exclusión residencial. Asimismo, se aclaran diversos aspectos en materia de libertades públicas, educación y administraciones locales, defendiendo en algunos casos recuperar leyes catalanas suspendidas por el Constitucional.
Por otra parte, el texto también se refiere a cuestiones como asegurar los derechos de los refugiados y el derecho al aborto, remitiéndose al cumplimiento que estipula la catalana Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 17/2015 de 21 de julio). Por último, recoge la financiación de un plan de choque social y de gestión de la deuda.
Jordi Turull, presidente del grupo JxSí, asegura que “este documento es la prueba evidente de que la independencia va de esto, de garantizar los derechos de las personas, de que la gente pueda vivir mejor, y puesto que esto lo compartimos, lo hemos suscrito”.
En la misma línea, Antonio Baños, líder de la CUP, afirma que “cuando estamos hablando de cosas sustantivas, como es fundar una república, hemos llegado a un acuerdo para garantizar derechos básicos de la ciudadanía”.
El anexo será votado con el resto de la resolución pactada por JxSí y la CUP el próximo lunes 9. El documento apuesta por una “desconexión” de Cataluña con España y deslegitima el poder del Tribunal Constitucional.