Después de su encarcelamiento provisional, el 26 de septiembre en la prisión de la Herrera de La Mancha, Antonio Ortiz se dirige a su cita con el magistrado, Javier Pérez, quien le comunicará la resolución de la sentencia tras hallar indicios sobre cuatro de los siete hechos que se le imputaban al inicio de la instrucción. No obstante, el juez está obligado a recibir al procesado después de dictar el auto de procesamiento. En dicha declaración Ortiz recibirá la notificación de la resolución que le procesa y será interrogado sobre los hechos que allí se le atribuyen.

Aunque con respecto a otros delitos que se le imputaban al inicio de la causa, el juez recalca que “la investigación no ha permitido alcanzar evidencias o indicios de peso que permitan su procesamiento en relación con otros tres hechos". Por ello, aclara que este auto no supone la finalización del sumario, que se halla pendiente de diversas diligencias de investigación, entre ellas la recepción del informe de la clínica médico forense sobre la veracidad del relato de las menores. No obstante, Pérez cuenta como pruebas de incriminación las ruedas de reconocimiento que practicaron las menores en las que Antonio fue reconocido como su agresor sexual.

Pero esas pruebas no serían las únicas. La Policía Científica, durante la investigación, halló sangre de una de las víctimas en el piso de Santa Virgilia número 3, donde los investigadores realizaron un exhaustivo registro. Los restos de sangre pertenecían a una niña de 9 años que fue secuestrada el 10 de abril de 2014. La pequeña habría sido llevada a este piso, que por aquel entonces estaba en obras.

Sin embargo, para acreditar esta prueba, el juez habla en el auto de un informe sobre análisis de datos telefónicos del teléfono del acusado. Dichos datos coinciden con la ubicación de dicho terminal en el lugar donde se cometieron los siete hechos investigados.