Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2014, Madagascar abolió la pena de muerte. Además, la región de Fiyi eliminó, el pasado 10 de febrero, las últimas referencias que se hacían en su legislación interna a esta pena capital. Según afirman fuentes de la organización Amnistía Internacional, la noticia sobre Fiyi  “da un nuevo impulso a una tendencia que se ha evidenciado durante décadas: el mundo está relegando la pena capital a los libros de historia”. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español ha manifestado su satisfacción ante estas decisiones.

La directora de Amnistía Internacional, Audrey Gaughram, afirmó que “el hito histórico de los 100 países sin pena de muerte está ya al alcance de la mano”. El Gobierno español, sin embargo, reconoce que en otros lugares del mundo, haciendo referencia a regiones de Asia y Oriente Próximo, “se observan signos preocupantes” tales como las ejecuciones a menores de edad y personas con discapacidades mentales y la utilización de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la criminalidad en general, para justificar la aplicación de la pena de muerte. "España apoya los esfuerzos de los Estados para luchar contra el terrorismo, cuya amarga y dura experiencia conocemos, y contra el narcotráfico”, apuntaba el Ejecutivo. Pero, recordaba que no es justificable aplicar la pena de muerte bajo ningún concepto, dado que se trata de un “castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen”.

Amnistía, por su parte, espera que la abolición de la pena de muerte en Fiyi sirva de estímulo para otros estados asiáticos y de la región de Oceanía. “Nauru y Tonga, aunque mantienen la pena de muerte en su legislación, son abolicionistas en la práctica: no llevan a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años y tienen la política declarada de no hacerlo”, aseguraba. En Asia se han producido avances, pero es una región en que la pena de muerte sigue siendo aplicada de forma muy contraria a lo estipulado en el derecho internacional de los derechos humanos. Desde España se espera una progresiva mejora en los datos.