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Viernes, 13 Marzo 2015 12:16

Los imputados pasarán a llamarse investigados

Escrito por 
Rafael Catalá / Foto: Agencia Rafael Catalá / Foto: Agencia

El Consejo de Ministros llevará a cabo una reforma este viernes 13 de marzo que supondrá una serie de cambios judiciales. Entre los más destacados se encuentra el cambio de la palabra ‘imputado’ por la de ‘investigado’. El proyecto iniciará ahora el trámite parlamentario.

El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) será aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Renunciará a algunas de las propuestas iniciales como la posibilidad de que el Ministerio de Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantendrá los plazos para la instrucción y cambiará la palabra ‘imputado’ por ‘investigado’.

Con el término ‘investigado’ se eliminará el carácter negativo que ahora tiene ‘imputado’, ya que la condición del nuevo término puede confundirse con una simple actuación policial, del fiscal o incipiente del juez. Algunos partidos sostienen que el término ‘imputado’ debía ser suficiente para la obligación de dejar un cargo público.

La intervención de conversaciones sin el aval de un juez podía no tener “encaje constitucional”,  según advertía el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que el artículo que lo recogía fue retirado.

La norma se ha visto recortada desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas proferidas por los órganos de consulta, como es el Consejo de Estado. Dicho órgano considera que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez, por lo que muestra su preocupación ante la fijación de plazos para la instrucción.

Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha afirmado que respetará la opinión de los órganos de consulta, a pesar de que los límites de la investigación se mantendrán como serán presentados en el Proyecto que aprobará hoy el Consejo de Ministros.

El anteproyecto preveía un plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas complejas, pudiendo prorrogarse hasta los 36 meses.  La Lecrim incluirá normas de “conexidad” de delitos, permitiendo así una investigación “singular y diferenciada”, haciendo que las sentencias sean dictadas en menos tiempo evitando macroprocesos. El término ‘investigado’ se empleará en las primeras fases del proceso, y según aumenten los indicios se llamarán ‘encausados’.

También habilitará una segunda instancia penal, muy criticada por órganos como la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia,  revisarán las sentencias de primera instancia y reforzarán la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. 

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