La Diputación de Huelva ha sido sorprendida con un registro esta mañana por parte de la Guardia Civil, impidiendo que los funcionarios que trabajan en la institución pudieran acceder a sus puestos de trabajo. Únicamente lo han hecho para fichar.

El registro tiene relación con unos documentos del Programa de Fomento de Empleo Agrario en una localidad de la comarca de Andévalo, que aún no ha sido especificada. Posteriormente se ha extendido a la oficina del Servicio Estatal Público de Empleo, ubicado en el barrio de Pescadería, donde también se ha desalojado a los trabajadores.

La actuación ha tenido lugar por una denuncia de un particular según informaba Ondacero, en su informativo matinal, en el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino. No se prevén detenciones y según fuentes del Instituto Armando “por mandato judicial se ha ido a solicitar una serie de documentación”. El juzgado ha decretado secreto de sumario por lo que no se conocen, por el momento, más datos.

Fuentes judiciales afirman que se están investigando hechos similares por la denuncia que el partido político UPyD hizo hace aproximadamente cinco días en la Fiscalía de Huelva por supuestas irregularidades en la gestión de fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

UPyD asegura que con el dinero percibido de esas subvenciones, la Diputación de Huelva “lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas” como abogados y arquitectos, entre otros, considerándola “una plantilla estable de diez personas que comienzan contratos a partir del 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio”. Estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de cohecho, fraude, tráfico de influencias o falsificación de documentos.