La proposición de ley, resultado del pacto de Estado firmado entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tuvo lugar el pasado 3 de marzo, ha buscado aumentar el apoyo en el congreso.

A favor de este proyecto se han mantenido los dos principales partidos, PP y PSOE, y también Coalición Canaria y Foro Asturias. Tanto el portavoz del PP, Rafael Hernando, como el del PSOE, Antonio Hernando, han coincidido en defender la importancia de la “unidad” para actuar con responsabilidad en una materia como el terrorismo.

El resto se han mantenido en contra excepto UPyD y CiU, que ya se abstuvieron en el primer trámite en la Cámara baja. El PP ha intentado convencerles para que votasen a favor de la modificación legislativa, pero ambos partidos se han abstenido tras haber criticado el tratado como bipartidista. Jordi Jané, el portavoz de Interior de CiU, se ha pronunciado sobre este tema afirmando que ha sido "un acuerdo bipartidista en el que una vez solemnizado y publicitado se invitó al resto".

Por otro lado, han votado en contra Izquierda Plural, PNV, ERC, Amaiur y BNG, que han criticado la posibilidad de la cadena perpetua. Izquierda Plural ha pedido a los demás partidos que voten en contra, defendiendo que “en un futuro lo pagaremos muy caro”.

La norma que ha quedado aprobada comprende además la incorporación de cinco enmiendas, también pactadas por el PP y el PSOE, con el objetivo que los desórdenes públicos puedan considerarse como terrorismo. En concreto, la que afecta al artículo 573 del Código Penal, que hace referencia a la reforma para condenar como terrorismo a los responsables que alteren la paz pública.