Mientras finalizaba la gira de Shinzo Abe (primer ministro japonés) por el Medio Oriente, una figura vestida de negro con un cuchillo, y de pie entre dos hombres arrodillados, emitía un mensaje terrorista. Los rehenes reconocidos como Haruna Yukawa y Kenji Goto Jogo vestían ropas de color naranja, y el terrorista daba un ultimátum a Japón de 72 horas para responder a la petición de rescate, que suponía el pago de 200 millones de dólares (172 millones de euros).
Abe ha denunciado esta amenaza. Aunque destacó el carácter humanitario de la ayuda y la promesa de hacer todo lo posible para la liberación de los secuestrados, también ha insistido en que las políticas diplomáticas de Japón no cambiarán. Así, el diputado del Partido Liberal Democrático Yoshiaki Harada declaraba que no cree que haya ningún impacto en absoluto en la diplomacia de Japón por este incidente terrorista. "Este tipo de terror puede ocurrir en cualquier momento. Pero teniendo en cuenta el carácter de Abe, estoy seguro de que no se inmutó y ni debilitará sus políticas fundamentales", añadía.
El medio japonés Japantoday que difundía estas afirmaciones, añadía que Japón debe aprobar recientemente una reinterpretación de la Constitución pacifista. Según este documento, el ejército de Japón no puede intentar un rescate, incluso si fuera factible. Una propuesta para pagarlo pondría al país del sol naciente en contra de su aliado estadounidense, con su política de negarse a pagar por la liberación de los cautivos.
Además, el medio japonés afirma que son pocos los japoneses que culparían a Shinzo Abe si mueren los dos rehenes, pero podrían surgir preguntas. "Es cierto que hay personas que piensan que en este punto hubiera sido mejor ir un poco más suave. Pero creo que él pensó que era importante tener una postura firme en este mismo escenario", afirmaba el parlamentario Harada.
En este sentido, el gobierno japonés a la cabeza de Abe, está sometido a su ley de pacificación y de no tratar con terroristas. Aun así, también pretende salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Por el momento, se prevé que no habrá negociación con los secuestradores yihadistas.