Estados Unidos cuenta con 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales -con las medidas de Obama-, cerca de 4,7 millones podrían residir permanentemente en el país, sin la amenaza de deportación.  Los republicanos han criticado duramente la postura del Ejecutivo.

"El presidente ha dicho antes que 'él no es un rey' y que 'no es un emperador', pero ciertamente actúa como si lo fuera", declaró John Boehner, el presidente republicano de la Cámara de Representantes. La oposición asegura que Obama está excediendo su poder constitucional y él reitera que no dejará el sistema roto, como está. Asegura, además, que intentar la deportación de 11 millones de personas que viven en el país no es algo realista.

Los residentes indocumentados serían capaces de sumarse a la sociedad estadounidense, accediendo a empleos, pero no podrían votar ni acceder a seguros bajo la ley de salud propuesta por el partido demócrata. Obama propone regularizar la situación de todos aquellos que cumplan unos determinados criterios, y deportar a los que sean “criminales”.

En aras de hacer frente a los impedimentos de los republicanos, el presidente afirmó que sus medidas eran la continuación de una tendencia política seguida durante los últimos 50 años en todos los mandatos, tanto por demócratas como por republicanos. Miembros del Gobierno plantearon las nuevas medidas como el mayor cambio en el sistema de inmigración desde el período de Ronald Reagan.