Continúan las consecuencias del 9-N. El fiscal general del Estado, Torres-Dulce, ha presentado esta mañana a los miembros de la junta de fiscales un informe en el que explica que se cometieron cuatro delitos con la celebración de la consulta sobre la independencia en Cataluña: desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación.

La Fiscalía Superior de Cataluña se pronunció ayer por unanimidad en contra de la querella,  por desobedecer al Tribunal Constitucional celebrando la consulta inicialmente suspendida. Aun así el fiscal general sigue defendiendo la querella para actuar contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau.

Pese a la postura que adopte la Junta de fiscales de sala, Torres-Dulce tomará la última palabra ya que la decisión de la cúpula del Ministerio Público no es vinculante.

Los fiscales de Cataluña consideran que una querella sería inviable debido a que un requisito que exigiría el Tribunal Supremo sería haber apercibido a Mas de las responsabilidades penales. Aun así no niegan que se haya desobedecido al Tribunal Constitucional y aseguran que el Gobierno catalán ha actuado en contra de la lealtad. La fiscalía general defiende que Mas era consciente que la consulta era ilegal, a pesar de la consideración de los fiscales catalanes.

Por su parte, Mariano Rajoy ha expresado en el congreso que “lo único que puedo hacer y lo que voy a hacer es respetar las decisiones que adopte la Fiscalía. Creo que ésa es la obligación del Gobierno y es lo que hace un país en el que cada uno ejerce las funciones que tiene que llevar a cabo", alegando además que iba a respetar lo que decida el Ministerio Público "sea una cosa o la otra".