La investigación se dirige contra un grupo organizado que compra y distribuye caballos que no disponen de la acreditación necesaria para ser destinados al consumo humano, lo que puede resultar que la carne resulte tóxica.

Por ahora, los investigadores no disponen de indicio en ningún sentido pero el principal implicado de la trama es el dirigente de la organización, quien falsificaba las cartillas y la documentación de los caballos con el fin de pasar como aptos para el consumo humano.

La quincena de registros de domicilios y mataderos realizados por la policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña, el Seprona y varios miembros de la policía francesa se están realizando en las provincias de Valencia, Zaragoza, Ávila, Toledo, A Coruña y en la comunidad de Asturias.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, tiene su núcleo en la ciudad de Valencia y hasta el momento se prevén cinco detenidos, a los que se acusa de delito contra la salud pública, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.