Las siete demandas que el pleno debía resolver eran contrarias a la resolución del 30 de abril del pasado año de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, que acreditaba la privatización de los hospitales madrileños Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo. En agosto de 2013, la Comunidad de Madrid adjudicó dichos centros a tres empresas, medida que fue rechazada por sindicatos y partidos, así como parte de la ciudadanía, que protagonizó varias manifestaciones y días de huelga. Por este motivo, se suspendieron 8.000 intervenciones y 76.000 consultas, según El País.

Un centenar de personas, congregadas frente a la sede del TSJM al comienzo del pleno, han pedido a la magistratura, refiriéndose a la sanidad pública, que defienda los derechos básicos de la ciudadanía. Europa Press ha tenido acceso a una carta dirigida a los jueces, en la que la denominada “Marea Blanca” señala que “este plan no supone un ahorro para la Comunidad de Madrid”. Destacan además que, según datos del Gobierno regional, “la privatización supone un coste adicional en el primer año de 114 millones de euros, elevándose a 190 a partir del segundo año”.