El juez del caso, José Castro, ha considerado que hay indicios suficientes para que la Infanta sea interrogada el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana en los juzgados de Palma de Mallorca. De esta forma, ha sido acusada de un presunto caso de blanqueo de capitales, debido a su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se podrían haber desviado más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

“Llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos personales”, dijo el instructor del caso, lo que, en sus palabras, supuso “una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades”. Este tipo de delito podría estar castigado con una pena de cárcel de hasta seis años.

La noticia ha despertado multitud de opiniones, como la del fiscal  de Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, quien se ha manifestado en contra de la imputación y dijo que “es un principio básico del Derecho Penal que no se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”. Además, piensa que no es equitativo el estudio que se ha estado realizando de la empresa Aizoon comparado con otras empresas relacionadas con el Caso Nóos.

También se han posicionado en contra de la medida la Abogacía del Estado e, incluso, Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín. Por otra parte, la asociación Manos Limpias en representación de la función pública está a favor de la imputación de la Infanta, ya que considera que debe tratarse a la Infanta Cristina como a cualquier ciudadano.

El abogado Francisco Blanco opina que “se está dando mucho bombo por ser quién es”, ya que en sus palabras, simplemente se trata de una imputación más. "No debemos olvidar que estamos ante un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales", ha añadido. Además, ha asegurado a Infoactualidad que “si el juez tiene indicios suficientes para entender que la Infanta tenía pleno conocimiento de la actuación de su marido en el Instituto Nóos, es razón suficiente para tomarla declaración como imputada, llevándose a cabo el mismo proceso que se realizaría con cualquier ciudadano de a pie”.