Hoy viernes, el juez Ruz ha confirmado la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Concretamente asegura que ha encontrado indicios de que el partido llevó supuestas cuentas irregulares, “al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”. Además afirma que se ha llevado de “forma continua” a través del tiempo y que esos pagos se habrían utilizado para las obras de remodelación que se llevaron a cabo entre 2005 y 2011 en la sede del PP en Génova, pagos que “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial”.
El magistrado sostiene que los pagos en dinero negro en el año 2008 ascenderían a los 888.000 euros. Además, ha imputado tanto al ex gerente del partido, Cristóbal Páez, como al arquitecto que se encargó de la remodelación de la sede, Gonzalo Urquijo, en uno o varios delitos contra la Hacienda Pública. Según el auto, Luis Bárcenas, el ex gerente y ex tesorero del Partido Popular podría haber sido cómplice o cooperador necesario en esos delitos al igual que Gonzalo Páez.
Todo ello ha sido posible tras recibir un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF). Ruz ha citado a declarar en la Audiencia Nacional a Páez, que ya lo hizo el pasado 13 de agosto, y a Urquijo el próximo 16 de diciembre. Además, ese mismo día, comparecerán como testigos dos empleadas de la empresa de Urquijo, Unifica, que podrían haber mantenido conversaciones con miembros del PP sobre las reformas que se produjeron en la sede entre 2008 y 2009.