Las ponentes de la PAH y PAVPS de Madrid afirmaron que volverán a realizar escraches, aunque sin concretar ninguna fecha. “Sabemos cuando, pero no lo vamos a decir”, señaló Marga Rivas, psicóloga en la plataforma y afectada directa por la hipoteca. Estas acciones tendrán lugar debido a que “los medios solo se acuerdan de nuestra situación” con estas medidas, puntualizaba su compañera Liles García, trabajadora social.

Esta iniciativa se apoya en la resolución de la Audiencia de Madrid, que archivó la causa presentada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El tribunal entendió que el escrache es “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos”.

Desde la PAH retrataban el panorama olvidado de aquellos que no pueden hacer frente a su hipoteca. En España se dan unos 70 lanzamientos hipotecarios al día, según la plataforma. El paro, la reducción de los sueldos, el aumento de los precios de la energía son las principales razones de impago.

En 2013 consiguieron paran 1200 desahucios y estiman que sólo el 5% de los afectados se acercan a ellos. Unas 200 familias en Madrid recibieron ayuda de la plataforma.

Marga Rivas y Liles García, de PAH Madrid, recalcaron la importancia de informarse cuanto antes. Trabajan una “línea del tiempo” con quienes les reclaman ayuda. Con esta herramienta visualizan la evolución del proceso, desde el impago hasta la ejecución de la hipoteca, y las medidas que pueden tomar en cada momento.

La negociación con los bancos es constante, ofreciendo la dación en pago y el alquiler social, para aquellas familias que no tengan donde vivir. Como última opción, la “recuperación” de la vivienda, que consiste en ocupar una casa propiedad de las hipotecarias. Una acción “legal”, según informaron.

A los tres meses de impago, las entidades bancarias proceden a denunciar y comienza la negociación con el juzgado. No existe un tiempo estipulado, por lo que la decisión judicial se intenta retrasar para no dejar en la calle a la familia afectada. Para ello, cuentan la historia de los afectados y se le pide retrasar el desahucio.

Llegado el lanzamiento –la expulsión de la vivienda con la presencia del secretario judicial- se convoca un ‘STOP Desahucios’ para impedirlo. Tras orden judicial, intervendrán agentes de la policía y se invita a la desobediencia civil, entendida como la legítima negación a acatar una ley que se entiende como injusta.

“Hay personas que no son conscientes de que están perdiendo un derecho”, apuntó la representante de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPS), Beatriz Navarro. Desde su organización asesoran a adjudicatarios de vivienda pública, que no solo se enfrentan a denuncias por impago, si no que se llega a no prorrogar el contrato de alquiler.

Dado el perfil de los inquilinos de vivienda pública, la PAVPS apeló a la especial vulnerabilidad de este colectivo. Pobres, jóvenes con empleos precarios, mujeres que han sufrido violencia de género o discapacitados, entre otros.

Beatriz Navarro denunció la venta a Goldman Sachs y Blackstone de algunas viviendas públicas madrileñas, pagadas con dinero “de todos”. La Comunidad de Madrid vendió a estos fondos de inversión privados en agosto de 2013, ante la urgencia de liquidez de la administración, a un coste muy inferior al precio de construcción. De esta manera, quien debiera defender el derecho a la vivienda, lo “ha erradicado, estableciendo precios de mercado”, señaló.

La representante de PAVPS también reclamó mayor involucración a los servicios sociales. “Un informe suyo tiene mayor autoridad que los de cualquier plataforma y
 los nuestros paran desahucios”, alegó.

Junto a PAH Madrid, denunciaron los desahucios “de madrugada” en este tipo de viviendas, para evitar la movilización solidaria con los afectados y los costes derivados del operativo necesario. Y es que, según informaron a los asistentes, “no hay obligatoriedad legal” en avisar del lanzamiento, a diferencia de los hipotecados con un banco.

Ana Marcello, trabajadora social, y activista de estos movimientos, explicó el corto recorrido en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la PAH, que consiguió más de un millón y medio de firmas. En ella, se pedía como medida de urgencia la paralización de todos los desahucios y una reforma de las leyes hipotecarias y de arrendamientos urbanos.

Uno de los asistentes preguntó incrédulo, si entre el panorama legislativo español y de crisis económica y social el ejecutivo de Mariano Rajoy había tomado alguna medida positiva al respecto. La negación de las ponentes fue contundente. Pero recordaron, con un mensaje optimista, que “sí se puede” luchar por el derecho a una vivienda digna consiguiendo un gran aplauso del auditorio.