Según estimaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la mayoría de solicitantes de asilo internacional en España entre enero y noviembre del pasado año 2014 fueron ciudadanos sirios, con 1.300 solicitudes, aproximadamente. En segundo lugar se situó Ucrania, con alrededor de 800 solicitudes; seguido de Mali, Argelia, Palestina, Nigeria, Pakistán, Irak y Somalia. En los últimos años, hay países que han repetido en la lista, aunque se han incluido algunos nuevos. En 2014 la novedad ha sido Ucrania, debido al recrudecimiento del conflicto entre los defensores proeuropeos y los separatistas prorrusos. Estos enfrentamientos han provocado un aumento considerable en los últimos meses de solicitudes de asilo de ciudadanos ucranianos, cuya nación nunca ha estado en la lista de los 10 primeros países solicitantes.

La proporción de las solicitudes de refugio que recibe España, así como respecto al peso demográfico que tiene este país en la Unión Europea, comparada con otros países europeos, es muy baja, según Ramiro Muñiz, responsable del Área de Incidencia y Participación Social de CEAR. Alrededor de tan solo un 1% de las solicitudes presentadas en Europa se reciben en España. En 2013, en nuestro país, alrededor de 4.500 personas solicitaron asilo. Cantidad que supera de manera amplia Alemania, con 126.000 solicitantes; Francia, 64.000; y Suecia, 54.000; según datos proporcionados por CEAR.

Asistencia de protección internacional en la frontera sur de Europa

Poniendo la lupa en las fronteras de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Interior mostró a finales del pasado año su disposición de instalar oficinas de asilo y protección internacional en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas. Allí los solicitantes de refugio podrían formalizar sus peticiones. Según Ramiro Muñiz, “es un primer paso para garantizar el derecho al asilo en nuestras fronteras”. Desde CEAR, muestran su principal preocupación en que el colectivo subsahariano pueda acceder a estos puestos fronterizos de asilo, ya que aseguran que su derecho de libre circulación no está garantizado.

La mayoría de inmigrantes que logran acceder a suelo español a través de la frontera sur son internados en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en Ceuta y Melilla. En estos centros, hay una mayoría de personas, en torno a un 60%, que presentan un perfil de refugiado, es decir, personas que bajo sus circunstancias podrían acogerse al derecho al asilo. Muchos de ellos proceden de países en conflicto, como Siria, Mali o la República Centroafricana.

Inmigrantes expulsados sin recibir asistencia

No todos logran quedarse en territorio español. Algunas de las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla son víctimas de las “devoluciones en caliente”, que significan la expulsión inmediata del país, sin ningún tipo de asistencia previa, a pesar de lo dispuesto en la legislación española. Según Ramiro Muñiz, CEAR rechaza la enmienda que se ha incorporado a la Ley de Seguridad Ciudadana para dar cobertura legal a algo que, desde la organización, consideran ilegal. Afirma que se han manifestado “en numerosas ocasiones solicitando al Gobierno la retirada inmediata de esta previsión legislativa, que desde numerosas entidades y organizaciones internacionales han condenado y rechazado de forma manifiesta”. Concluye diciendo que “supone un zarpazo al derecho del asilo en España y un recorte en los derechos humanos de los migrantes y las personas que llegan a nuestras fronteras para solicitar asilo”.

Declaraciones en el ámbito internacional contra las “devoluciones en caliente”

Nils Muiznieks, el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, visitó España hace unos días y advirtió que las “devoluciones en caliente” no se ajustan a la legalidad internacional y su legalización podría poner en peligro el sistema de asilo y protección internacional. Estas declaraciones se han producido unos días antes de la celebración en Ginebra, el pasado miércoles 21 de enero, del Examen Periódico Universal de la ONU sobre Derechos Humanos. El Gobierno español ha aprovechado el contexto para realizar una defensa de la enmienda a favor de este tipo de devoluciones. Según ha defendido en su intervención Ignacio Ybáñez, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, la actuación de la Guardia Civil se desarrolla para garantizar el orden público ante los “asaltos a las vallas de carácter constante, masivo y violento”.

Refugiados: ciudadanos que huyen del terror. En ocasiones, necesitan saltar una valla para poder reclamar su derecho a ser protegidos de la barbarie. Personas sin voz, amenazadas por su color de piel, por no pertenecer al mundo desarrollado, por ser diferentes, raros para el de enfrente. En definitiva: personas fuera de la sociedad del mundo.