El conflicto se desató a finales de la campaña futbolística 2010-2011, cuando la liga le propuso a las emisoras de radio, públicas y privadas, pagar un canon por el acceso a los campos de fútbol para ejercer su labor de contar los partidos de la Liga BBVA, Liga Adelante y la Copa del Rey.
En este conflicto había tres posturas claramente enfrentadas. Por un lado, la liga proponía para las temporadas 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 que todas las radios que pasasen a un campo pagasen una cantidad por ejercer su labor. Así a través de su página web hizo pública su postura, la cual consistía en establecer varios servicios y que cada emisora contratase el que más le interesaba. Por ello, el primer nivel sería el básico al que podían acceder las radios de ámbito estatal, autonómico o municipal, y comprendía: una o varias cabinas, acceso a la zona mixta y a la sala de prensa. El segundo permitiría el acceso a pie de campo de un periodista que representara a una emisora, pudiendo acceder aquí aquellas radios que hubieran contratado el servicio básico. El tercer nivel sería el exclusivo, al cual podrían acceder los contratantes del primer y segundo servicio, que permitiría el acceso a zonas exclusivas del estadio como puede ser la antesala del palco. La última fase sería para aquellos que hubieran contratado el primer y segundo nivel, y este les permitiría estar en la bocana del túnel de vestuarios para obtener entrevistas a los protagonistas del partido de fútbol.
La postura próxima a la expresada por la LFP es la que adoptaron los diferentes clubes del fútbol español, que manifestaron que las diferentes cadenas radiofónicas debían pagar para acceder a los estadios igual que lo hacen las cadenas de televisión. Muestra de este apoyo son las palabras del presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, que proponía que esta medida repercutiría en una mejora de la explotación de los derechos de radio y una mayor calidad del servicio que se les ofrece a los oyentes.
La postura que se mostró contraria a esta fue la manifestada por las radios, las cuales están englobadas dentro de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), y nada más conocerse la decisión rechazó de forma unánime la medida de la LFP. En un comunicado afirmaban que cobrar una cuota a las radios por la retransmisión de los partidos de la competición española “no supondría una mejora en la calidad del servicio para los oyentes, ya que vulnera el Derecho a la información de los ciudadanos consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española”.
Con estas tres posturas claramente distintas encima de la mesa comenzó la temporada de fútbol 2011-2012, por lo que las radios no podían acceder a los campos de fútbol y además, aquellos clubes que lo permitieran, se enfrentarían a importantes sanciones económicas. Ante esto los periodistas, como cada fin de semana, acudían a los estadios pero no podían acceder, por lo que a cada encuentro iban acompañados de un notario. Esta acción, según Alfonso Ruíz de Assin, secretario de la AERC, “se hacía para que un notario levante acta de lo que ocurre en cada campo de fútbol que no se deje entrar a un periodista”.
Ante esta situación las emisoras de radio y la LFP mantuvieron varias reuniones con el fin de solucionar el conflicto, llegando las radios a ofrecer alrededor de 800.000 € para acabar con el problema. Sin embargo, esta medida no fue aceptada, por lo que algunas emisoras de radio como Onda Cero, La Ser y la Cope, entre otras, decidieron acudir a los tribunales para conseguir una solución.
Viendo que el conflicto no se solucionaba, la Vicepresidenta del Gobierno, en aquel momento Soraya Sáenz de Santamaría, anunció su disposición para mediar entre las partes debido a que “es voluntad del Gobierno dar una solución al contencioso sobre los partido de fútbol y la radio”. Además expresó que se debe permitir la vuelta de las radios a los estadios para que puedan retransmitir libremente los partidos, cubriendo únicamente los gastos que pudiese generar. Ante esto, las radios y la LFP tenían que llegar a un acuerdo, pero no lo consiguieron, por lo que el Gobierno nombró un mediador que fue la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). Esta estableció el pasado mes de julio antes de que comenzara la competición como medida cautelar una cuota de 98€ por partido que retransmitieran.
Esta medida fue aceptada por las emisoras radiofónicas hasta que se finalizara el proceso que mantenían con la Liga de fútbol profesional. Así, el paso 19 de octubre la CMT estableció definitivamente el pago de 85 € por partido retransmitido. Ante esta media la Asociación Española de Radios Comerciales (AERC) se muestra satisfecha con la resolución, pero ha manifestado que lo importante es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha dejado claro que las radios no pagan por las retransmisiones porque está cubierta por el derecho a la información, sino que pagan por el uso de las instalaciones.