Un real decreto aprobado el pasado 30 de enero en el Consejo de Ministros establece grados de entre 180 y 240 créditos. Como un doctorado, el alumno deberá cursar 300 créditos entre grado y máster, abriéndose la horquilla a ofrecer el modelo actual (cuatro años de grado y uno de máster) o el nuevo (tres años de grado y dos de máster). Además, la norma permite que cada universidad, dentro de ese margen, implante sus grados con el número de créditos que considere, por lo que un mismo grado podría tener una duración de tres años en una universidad y de cuatro en otra.
Esta reforma aprobada ha provocado ya reacciones, la mayoría negativas. Al respecto, José Carrillo, rector de la UCM, ha mostrado su rechazo a la implantación de este nuevo modelo. A través de una carta que titula 'Tres más dos no es igual que cuatro más uno', Carrillo deja clara su postura contraria ante esta reforma puesto que, según su escrito, “aumenta el gasto de las familias, dado el alto coste de los másteres; rebaja la calidad de los estudios y crearía 88 sistemas universitarios, uno por universidad, cosa que dificultará la movilidad estudiantil entre universidades”.
En la carta, Carrillo ha hecho público que la aplicación de este decreto “supondrá un nuevo recorte en la maltrecha igualdad de oportunidades y abrirá la puerta a más recortes en la financiación de las universidades públicas”. El rector de la UCM aboga por otra solución, como es “rebajar los precios públicos a los niveles de 2011, que ya eran altos”, al mismo tiempo que rebate los argumentos del Ministerio de Educación sobre la homologación internacional de títulos que se pretende lograr con este modelo, ya que Carrillo recuerda que, cada uno con sus particularidades, Francia, Alemania y EE.UU optan por grados que, en la práctica, duran cuatro años.
De la misma opinión que Carrillo son la mayoría de los miembros que forman la conferencia de rectores españoles (CRUE), quienes este lunes han acordado por su cuenta no aplicar este plan de flexibilización universitaria hasta, al menos, 2017. La votación se saldó, según comunicó Manuel López, presidente de los rectores, con 57 votos a favor, cinco abstenciones y un único voto en contra. Argumentan que la implantación del ‘Plan Bolonia’ todavía no ha terminado y que sería más razonable evaluar sus efectos antes de cambiar de nuevo el modelo.
Sindicatos y estudiantes se manifiestan
Los sindicatos de estudiantes también han mostrado su postura contraria ante este decreto que supondría, según el Sindicato de Estudiantes, eliminación de carreras, devaluación del título de grado, costes inasumibles para la mayoría y despidos masivos del profesorado. En definitiva, sintetizan que el actual Gobierno pretende “echar de la Universidad a los hijos de trabajadores”. Este hecho, que podría provocar que el coste de los estudios superiores se dispare hasta los 20.000 euros, sumado al aumento de las tasas y la reducción de la cuantía de las becas así como el endurecimiento de los requisitos para lograrlas, ha provocado la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad.
Ante esto, Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, ha llamado a la movilización. Asegura que la toma de esta decisión en estas fechas está premeditada. “No es casual que la aprobación de esta medida se haya producido en plenos exámenes de febrero y de manera prácticamente clandestina”, ha expresado. Por eso, García pide la colaboración de estudiantes, sindicatos de profesores y organizaciones de padres para volver a llenar las calles en una huelga de 48 horas que se celebrará a finales de mes. ”Tras los exámenes, volveremos a salir a la calle. Si con una huelga no conseguimos que se paralice la reforma, haremos las que sean necesarias durante el resto del curso para lograrlo”, ha asegurado en declaraciones a Infoactualidad.
Los alumnos también ofrecen su opinión, generalmente negativa, al respecto. Andrés Arques, estudiante de Periodismo, manifiesta que “la idea de tres años de carrera y dos de máster sería buena si estos últimos no fuesen tan caros. Así lo que se consigue es beneficiar a las universidades privadas”. Tampoco ha gustado la medida entre los profesores. Docentes de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM aseguran que “en tres años, ciertos grados no se pueden impartir en profundidad, por lo que el alumno no saldría tan bien preparado de las aulas”. Además, creen que el nuevo modelo serviría, en un futuro próximo, como pretexto para despedir a más profesores de las aulas de las universidades españolas.